Chilpancingo, Gro; 25 de mayo de 2026.- La diputada Glafira Meraza Prudente presentó una iniciativa para fortalecer la estructura y capacidad jurídica de las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar que cuenten con presupuesto y coordinación institucional inmediata para salvaguardar el interés superior de la niñez en condiciones de vulnerabilidad.
La propuesta de reformas y adiciones, turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación, y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, contempla la adición de los artículos 241-J, 241-K y 241-L a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; así como la reforma al artículo 123 y la adición de los artículos 123-A, 123-B y 123-C a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero.
La diputada refiere que la protección de niñas, niños y adolescentes constituye una obligación jurídica, ética y social del Estado, debido a que un alto porcentaje de menores enfrentan contextos de violencia familiar, abandono, omisión de cuidados, pobreza, desigualdad y diversas formas de abuso y explotación.
Indicó que, aunque en 2015 se avanzó con la creación de la Procuraduría Estatal y las Procuradurías Regionales de Protección, aún persisten vacíos institucionales en el ámbito municipal que limitan una atención inmediata y eficaz.
Dijo, que se debe garantizar el reconocimiento jurídico, atribuciones claramente definidas, así como personal especializado para intervenir de manera efectiva en situaciones de vulneración de derechos, la actuación con rapidez en procedimientos relacionados con custodia, pérdida de patria potestad, adopción o medidas urgentes de protección.
Por ello, la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes propone reconocer formalmente en la ley a las Procuradurías Municipales de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estableciendo sus atribuciones y fortaleciendo su legitimidad institucional. Asimismo, plantea que las personas titulares sean designadas mediante convocatoria pública y aprobación del Cabildo, con una duración de cuatro años en el cargo, para garantizar la continuidad institucional y el seguimiento adecuado de los casos.
Se busca la creación de una estructura multidisciplinaria mínima integrada por un procurador, un psicólogo y un trabajador social, además de otorgar facultades legales suficientes para intervenir en procedimientos judiciales y administrativos en representación de niñas, niños y adolescentes, y establecer mecanismos de coordinación institucional y herramientas legales que permitan a estas procuradurías actuar de manera inmediata y efectiva en la protección de los derechos de la niñez.
A la iniciativa se adhirió la diputada Marisol Bazán Fernández.
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