Realizan inspección ocular la PGEJ a parcela invadida

Coyuca de Benítez, Gro.- Debido a las recurrentes solicitudes de los ejidatarios, así como los afectados más recientes y la intervención del gobierno municipal ante las diferentes instancias gubernamentales con la intención de hacer valer el estado de derecho; hoy se apersonaron peritos de la PGJE a realizar una diligencia para dar seguimiento a la demanda interpuesta por Sebastián Manrique Blanco.
Según versiones de los agraviados, el día 17 del presente mes, una vez que fueron enterados que su huerta de palmeras y arboles frutales amaneció irrumpida por más de una veintena personas armadas con machetes y palos, al tratar de indagar que sucedía, les fue impedido el acceso así como recibieron amenazas de sufrir consecuencias mayores si regresaban nuevamente; situación que les obligó a denunciar los hechos ante la Agencia del Ministerio Publico del Fuero Común de esta ciudad, asentada en la averiguación previa TAB/COY/01/091/2010.
Indagatoria en la que señalan como responsables materiales e intelectuales a: Héctor Manuel Ponce Radilla, Sofiò García Tornez, Antonio Alarcón, José Sánchez Sánchez, Salustino Nava Antúnez, Eleazar Reyes Cortez, David Molina Francisco y otros, misma que fue remitida para su competencia ante la Agencia Especializada Contra Delitos de Despojos, cuyo titular es Antonio Díaz Clavel.
El grupo de la fiscalía dio fe y testimonio de los hechos, cerciorándose que los invasores se posesionaron de una parcela circulada con parales y alambre de púas, sembrada totalmente con palmeras en plena producción, ubicada frente a la carretera federal Acapulco –Zihuatanejo, en el kilometro 32+200, entre la gasolinera y el nuevo Hospital Comunitario.
En la inspección pudieron constatar la presencia de diversos vehículos de modelos recientes no propios de personas necesitadas de un pedazo de tierras para una vivienda, sino de sujetos que tienen otros fines muy ajenos y que construyeron en su interior enramadas provisionales estableciendo también troncos con hamacas diseminadas en la huerta donde fueron observados.
A decir del alcalde Merced Baldovino Diego, de lo que se trata no es de un fin social, pero si lo fuera, no es licito tampoco el despojo, puesto que es un patrimonio familiar debidamente acreditado y avalado por la asamblea general de ejidatarios, que esta produciendo y es el sostén económico de una familia, por lo que es bueno que las autoridades ministeriales den seguimiento a la demanda y procedan a citar a los responsables para que acrediten su legal estancia en ese lugar o de lo contrario obsequien la orden de desalojo a la brevedad posible.
Pues no existe una justificación prevista en el estado de derecho que previo intento de compra-venta, si no hubiese acuerdos entre ambas partes, alguna de ellas pueda posesionarse de un bien.

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