Lo anterior, con el fin de prevenir resistencia a los antibióticos entre las personas, ya que estudios realizados a la lecha cruda por investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAG, se halló residuos de antibióticos en ocho municipios de la Tierra Caliente, lo que podría detonar en un problema de salud pública.
Mediante Acuerdo Parlamentario, presentado por el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, los legisladores consideraron que aunque los resultados de estos estudios arrojan parámetros comunes, los cuales no son considerados como de sumo peligro para la población, según la Norma Oficial Mexicana NOM/155/SCFI-2003, existe otra normatividad emitida por el Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche en el año de 2004 NMX-F-700 en el que establecen que la leche comercializada debe resultar negativa de contaminantes, residuos o inhibición bacteriana.
En ese sentido, los legisladores coincidieron en señalar que el Congreso del Estado debe preocuparse y ocuparse de este asunto, porque la prevención es fundamental y se debe solicitar a las autoridades federales competentes como la Secretaría de Salud y la SAGARPA, “implementen medidas de control de calidad en la leche cruda que se comercializa, a efecto de evitar consecuencias en la salud pública”.
Exhorto a la SEP
En la misma Sesión Plenaria, los diputados de la 59 Legislatura también solicitaron al titular de la SEP, Alfonso Lujambio Irazábal; al Director General del INEA, Juan de Dios Castro Muñoz; al Ejecutivo del Estado, Zeferino Torreblanca Galindo; al secretario de Educación Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, y al Director General del Instituto Estatal para la Educación para Jóvenes y Adultos en el Estado, Genaro Rey Meneses, para que implementen en la Montaña Alta y en el Estado, un programa integral y transversal de alfabetización.
Se les pide también que con la finalidad de abatir verdaderamente el analfabetismo en el Estado y borrar el vergonzoso segundo lugar nacional de analfabetismo en que nos encontramos actualmente, en dicho programa participen los verdaderos actores como la Secretaría de Educación en el Estado, el Instituto Estatal para la Educación para Jóvenes y Adultos en el Estado, la Secretaría de Desarrollo Social, las instituciones de Educación Media Superior y Superior en el Estado, los ayuntamientos municipales y el CONAFE.
La propuesta presentada por el diputado Rutilio Vitervo Aguilar, señala que el año pasado, en gira por el estado, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alfonso Lujambio, reconoció que Guerrero tiene un severo rezago educativo, pues 390 mil personas no saben leer ni escribir, es decir, de cada 100 guerrerenses, 19 son analfabetas.
Asimismo, el Director General del INEA, Juan de Dios Castro Muñoz, señalo que Guerrero ocupa el 2 lugar a nivel nacional con personas que no saben leer ni escribir y de acuerdo a estadísticas del Instituto Estatal para la Educación para Jóvenes y Adultos en el Estado (IEEJAG), se reconoce que el 50 por ciento de las mujeres tienen problemas de analfabetismo en municipios indígenas de la entidad.
La dirección del IEEJAG, señala que entre las estrategias para combatir los indicadores de analfabetismo, puso en operación un convenio de coordinación interinstitucional entre la UNAM, el INEA y las Secretarías de Educación y de Desarrollo Social del Estado, pero hasta la fecha no se han visto cambios sustantivos en el abatimiento del analfabetismo a pesar de las múltiples acciones que se han implementado.
“Es urgente que el estado cumpla con estos mandatos que establecen las normas señaladas, evitando con ello que se sigan vulnerando los derechos a la educación de las personas más vulnerables de nuestra entidad, donde tenemos corresponsabilidad de vigilar y coadyuvar para que las instancias nacionales y estatales cumplan dicha disposición”, expone el diputado Rutilio Vitervo.
A propuesta de la diputada Silvia Romero Suárez el Congreso local exhortó a los 81 ayuntamientos, para que a la brevedad validen las reformas a la Constitución Política Local, en materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado, toda vez, que los trámites dilatorios con que se ha abordado esta reforma constitucional federal, ha encontrado contratiempos que atentan contra los derechos humanos de los guerrerenses.
También se instruyó a la Oficialía Mayor del Poder Legislativo, a que reenvíe a los ayuntamientos dicha Iniciativa y lleven a cabo a la brevedad posible el trámite legislativo a que los convoca la Fracción III del Artículo 125 de la Constitución Política Local.
El Acuerdo llevado a tribuna por la diputada Silvia Romero Suárez, también exhorta al Gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, para que una vez declarada la validez de la reforma constitucional proceda a la promulgación y publicación de dicho ordenamiento, así como de aquellos que objetivicen el mandato constitucional.
Dicha reforma incorpora en el orden constitucional, el principio de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter objetiva y directa, cuyo objetivo es establecer que el Estado Federal, las entidades federadas y las municipalidades, así como cualquier órgano de autoridad administrativa, tendrán la responsabilidad de resarcir el daño que eventualmente, ocasionen a un particular, con motivo de una actividad administrativa irregular causada por ellas mismas; es decir, aquella autoridad que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño que se trate, debe indemnizar conforme a la ley.
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