Chilpancingo, Gro., 27 de mayo de 2010.- El pleno del Congreso local tomó protesta a los diputados Carlos Álvarez Reyes, Silvia Romero Suárez, Florentino Cruz Ramírez, Antonio Galarza Zavaleta, Luis Edgardo Palacios Díaz, José Natividad Calixto Díaz y Victoriano Wences Real, presidente, secretaria y vocales, respectivamente, como integrantes de la Comisión Especial que dará seguimiento a los trámites que realizan los trabajadores jubilados en el estado.
La Comisión Especial —que fue creada por unanimidad en la sesión del 20 de mayo— tiene la atribución de coordinar esfuerzos con las distintas dependencias y agrupaciones en el estado, para coadyuvar en la solución de los problemas que aquejan a los pensionados y jubilados guerrerenses.
Además, impulsar políticas que faciliten los trámites, gestiones y peticiones ante las dependencias y agrupaciones del Estado, así como proponer las condiciones necesarias para llegar a acuerdos o convenios entre las partes interesadas.
La Comisión Especial, tendrá vigencia sólo por el periodo constitucional de la 59 Legislatura; sesionará por lo menos una vez al mes, tomará decisiones conforme a las normas de votación de las Comisiones Ordinarias del Congreso del Estado y elaborará un programa de trabajo a más tardar en los 15 días naturales siguientes a su instalación, rendirá informes parciales y un informe final sobre los trabajos desarrollados durante su función.
En la misma Sesión de este jueves, fue turnado a la Comisión de Gobierno —por no alcanzar la votación requerida para ser discutido como un asunto de urgente y obvia resolución— una propuesta de exhorto al Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), para que una vez terminada la supervisión realizada, imponga las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento del Acuerdo signado el 15 de mayo por esa instancia, para el retiro de propaganda y publicidad electoral anticipada.
El Acuerdo Parlamentario, presentado en tribuna por el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, solicita investigar el origen de los fondos y los responsables de contratar campañas publicitarias, con el objeto de conocer si existe uso de recursos públicos en las mismas.
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