PACATA MINUTA

Por Rogelio Gómez Mejía   

“DAÑOS COLATERALES”; ABUSOS E INJUSTICIAS

“Cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre…
Refrán español.
Tenía que ser, después de las macabras huellas de la violencia plasmada en la muerte de más de 30 mil personas, criminales o no, inocentes o infortunados, poco o más van saliendo a flote las vergonzosas consecuencias de acciones ilegales y al margen de la más elemental justicia que advierten un estado sin ningún respeto a los derechos humanos y que amenazan quedar en la impunidad encubridora del poder gubernamental hasta que, como en otros países que han padecido tales infamias, la sociedad cobre los agravios del pasado ominoso.
Todavía está fresca la sangre de Marisela Escobedo Ortiz frente a las escalinatas del palacio de gobierno de Chihuahua hasta donde fue alcanzada por el perverso verdugo que la ejecutó obediente al cobarde represor incapaz de soportar el justo reclamo de la heroica víctima, por el secuestro y previo asesinato de su hija Rubí y que infamante, extendió para incendiar la maderería de su pareja Jorge Monje Marroquín de donde secuestraron a su hermano Arturo, para masacrarlo impotentes ante la verdad de la que ya no podrán huir y tendrán que pagar por el juicio incontenible de la sociedad que para empezar enfrentan los jueces Catalina Ochoa,  Nezahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, decretadores de liberar al criminal Sergio Barraza Bocanegra, indudablemente encubierto por una Fiscalía General que no apeló el enteleque fallo de su inocencia y ahora están en la mira de pagar su abyección.
Pero hoy quedan frente al juicio inapelable de los hechos, los elementos de la Marina que obnubilados por la sed de venganza se lanzaron contra todas las personas que se encontraron a su paso por la colonia San Pedro 400 en Santa Catarina, N. L., nueve en este caso en octubre del año pasado, para hacerlos culpables a como dé lugar de la muerte de uno de sus compañeros caído en un enfrentamiento con un comando delictivo, y tras inenarrables torturas dejaron a expensas de inconsciente Ministerio Público consignador por consigna a Juez revisor y sumiso que los internaron en el Penal de Apodaca, acusados del inmutable delito de “delincuencia organizada”, según lo relató Daniel Rodríguez Morales a la acreditada e irrefutable periodista Sanjuana Martínez en ejemplar reportaje, donde da constancia de los tormentos a que fue sujeto, junto con tres mecánicos, tres lavacarros y dos traileros para obligarlos a confesarse militantes de los narco asesinos “Z” y presentarlos en aparatoso montaje con un arsenal de “cuernos de chivo”, granadas y cientos de cartuchos, testimonios claros de las ignominias que se cometen.
Más aún para la conciencia del Secretario de Marina, Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, queda la demanda de Andrea Martínez Jaimes, esposa del comerciante Ignacio Aguilar Rodríguez, quien en diciembre del 2009 fue acribillado a tiros junto con su empleada Patricia Terroba, porque tuvo la desgracia de pasar con su vehículo en las inmediaciones del conjunto habitacional de Cuernavaca, donde fue copado por fuerte comando de marinos en el “operativo” donde también fue ejecutado el presunto capo, Arturo Beltrán Leyva, en inexplicable confusión reclamada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, remitió la recomendación conducente para lo cual el teniente de Marina Florentino Rodríguez Méndez, condicionó a la viuda de Ignacio Aguilar la entrega de la indemnización dispuesta, a cambio de que se desistiera de su exigencia de justicia.
Ante estas “muestras” infamantes, nada sorprende que el sacerdote Alejandro Solalinde del Albergue “Hermanos en el Camino” de Oaxaca, demuestre con cifras documentada, filmaciones y testimonios, la persecución, secuestros y extorsiones de que son víctimas miles de migrantes de Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala destacadamente, en su paso por México hacía Estados Unidos que confirman las sangrientas ejecuciones masivas de que han sido víctimas algunos grupos, de las cuales dio parte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, remisora de recomendaciones al Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna por identificarse a sus subordinados de estos ataques, mismos que ha soslayado esperando que el padre Solalinde se lo demuestre, seguramente para salirse por la tangente en este desfile de desfachateces.
BALA PERDIDA
Tal parece que al nuevo director del Registro y Control de Empresas de Seguridad Privada de la SSP, licenciado Oscar Silva Jiménez, le tiene sin cuidado el riesgo innegable en que la empresa de Transportes Blindados de Valores “Tameme” tiene a sus clientes y a sus empleados, por el escandaloso desfalco de más de 330 millones de pesos de la nómina de la extinguida Luz y Fuerza del Centro,  denunciado por la administradora, Servicios de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que como la misma PGR que investiga, no localizan ni al director Jacobo Nazar Bolivar y menos al director general, Francisco Yee Rubio. Vá!

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