Revertir los bajos niveles de financiamiento para el desarrollo y el negativo impacto de la deuda pública

Por Jorge Falcón

Chilpancingo.- Nuestro sistema fiscal está fincado sobre tres grandes injusticias: primero: la práctica exención de impuestos para una privilegiada minoría de empresas monopólicas que consolidan ganancias y difieren indefinidamente el pago de impuestos; segundo: el saqueo fiscal de PEMEX, -empresa que por sí sola aporta el 40% del presupuesto del país-; y tercero: el crecimiento constante de la deuda pública y el exagerado cobro de impuestos y gravámenes a los 31 millones de mexicanos que sí pagamos impuestos y que siendo causantes cautivos no tenemos ninguna manera de evadir impuestos.

Bajo ese criterio esgrime el diputado local convergente Efraín Ramos Ramírez, revertir impactos de la deuda pública y añade “desde hace 28 años los recursos para el financiamiento del desarrollo se han dejado indebidamente en manos del sector monopólico de la economía, con las catastróficas consecuencias fiscales y el estancamiento del crecimiento económico que todos conocemos”.
Concita enfáticamente “poner fin a la baja recaudación fiscal, producto del perverso manejo del régimen de consolidación fiscal y de las exageradas exenciones que para los grandes monopolios contienen nuestras leyes fiscales, en particular la Ley del Impuesto sobre la Renta. En México las tasas tributarias son mucho más bajas que en el resto del mundo. Aún así, los más ricos de los ricos eluden pagar impuestos, no generan empleos de calidad ni modernizan la planta productiva. Por eso, México es considerado por la Comisión Económica para América Latina de la ONU, como “verdadero paraíso fiscal”.
Y remarca su postura como legislador al destacar “establecer un nuevo modelo fiscal, que recupere para la Nación los recursos para el financiamiento del desarrollo, reduzca la excesiva carga fiscal de Pemex y disminuya los impuestos al consumo, en particular y sustantivamente el IVA y que elimine la tenencia vehicular.
No podemos seguir cargando de impuestos y gravámenes a los que menos tienen, cuando a los consorcios que facturan más del 50% del producto interno bruto se les exime del pago de impuestos y además se les brinda protección legal. “La ley lo permite”, le respondieron retadoramente los empresarios al Presidente Calderón cuando les reclamo, hace un año y medio, que casi no pagan impuestos.
Cambiar la fórmula de distribución de las participaciones provenientes de la recaudación federal participable, a fin de que se incremente sustantivamente la parte correspondiente a los estados y municipios y se disminuya la del gobierno federal. No corresponde a un Estado federal democrático, que el gobierno central se quede con el 80% de lo que se recauda en nuestros estados y municipios.
Ramos Ramírez, expone sólidamente su postura legislativa Para darles una idea de la trascendencia de este asunto, permítame señalar lo que dice la Ley de Coordinación Fiscal en cuanto a la recaudación federal participable, que sirve de base para fijar la cuantía de los Ramos Generales 28 y 33, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y de los derechos por la extracción del petróleo y los minerales; que dice: “Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.”