Aprueban legisladores por unanimidad, reformas constitucionales

Por Norberto Cruz Cuevas
*- Permiten avalar la Ley de Contratos de Colaboración para la Inversión y Servicios Públicos del estado de Guerrero y la Ley de Asociaciones Público- Privadas…
Por primera vez diputados integrantes de la 59 legislatura, aprobaron por unanimidad y con la asistencia de los 46 representantes populares, la iniciativa que turnará el titular del Poder Ejecutivo, para reformar a la Constitución Política, local, que permitirá a la iniciativa privada contratar con los gobiernos estatal y municipal los denominados “Proyectos de Pago de Servicios PPS.
En lo que fue última sesión, del segundo periodo constitucional, en lo que se puede denominar como sesión fas trac, previamente consensada, sin mayores preámbulos fueron aprobadas reformas constitucionales que permitirán que el gobierno que pueda contratar con la iniciativa privada, los Proyectos de Pago de Servicios para que construyan proyectos como el metro bus en Acapulco y Chilpancingo o bien el túnel que atravesara la Escénica, el cual el gobierno estatal prevé destinar de 2 mil 200 millones de pesos, mil millones que pondrá el gobierno federal y resto el estatal.
Bastaron tres sesiones, dos reuniones del titular del Poder Ejecutivo, con los miembros del Poder Legislativo para que aprobara, sin discusión y por unanimidad reformas a la ley estatal y de está forma avalar los denominados PPS.
A pesar de las manifestaciones de inconformidad de diputados federales y militantes del PRD seguidores de Manuel Andrés López Obrador, sus colegas los diputados perredistas se manifestaron a favor de apoyar los PPS. Esquema que avala el financiamiento de la iniciativa privada para que realice obras dentro de los gobiernos estatal y municipal, asimismo prevé el endeudamiento y compromete el presupuesto del gobierno del estado, el cual es por el orden de los 38 mil millones de pesos
Uno de los principales impulsores de las reformas a la ley, el diputado Carlos Álvarez Reyes reitero que con la aprobación de la ley secundaria, de Asociaciones Público-Privada del Estado, se lograron hacer modificaciones a la ley estatal.
La reforma no podrá entrar en vigor de inmediato, porque requiere de la aprobación de los 81 ayuntamientos, para ello se cuenta con un plazo de 6 meses
Correspondió al presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Carlos Jacobo Granda Castro, fundamentar el dictamen ante el pleno, destacó las bondades del nuevo ordenamiento legal, que afirma habrá de contribuir al desarrollo de Guerrero, ya que la iniciativa privada habrá de hacer los proyectos y obras que se requieren, además de financiar con recursos frescos dichos esquemas, a su vez los contratantes; el gobierno estatal y municipal habrán de suscribir los convenios respectivos que permitan destinar los recursos económicos para el pago de los compromisos contraídos con anterioridad, hasta por un plazo de 30 años.
Las modificaciones a la ley prevén que los ayuntamientos y el Ejecutivo incluyan en sus respectivos presupuestos anuales de egresos las obligaciones, erogaciones y vigencias plurianuales que tengan como finalidad la aplicación de proyectos de infraestructura o prestación de servicios.
Granda Castro dijo que se modificaba el texto original de la fracción XVIII del artículo 47 y se adicionaba un IV párrafo a la fracción VII del artículo 74, con el objetivo de clarificar el procedimiento en el supuesto de que el gobernador del estado omitiera incluir en el presupuesto de egresos las partidas plurianuales necesarias para cubrir las obligaciones derivadas de los contratos de asociación público-privado vigentes.
Dice con las reformas lo es a lo que establece la fracción XLIV, del artículo 47, párrafo VI, para ser congruente con los párrafos que realmente contiene el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando en su lugar un párrafo X, y con la finalidad de ser precisos con las adiciones señaladas con antelación, se modificaba la parte última del texto.

Con las reformas la ley estatal queda de la siguiente manera; artículo 74 quedaría el: “El Gobernador del estado deberá incluir en la iniciativa de presupuesto de egresos, las partidas plurianuales necesarias para cubrir el pago de las obligaciones derivadas de los contratos de asociación público-privada que hayan sido celebrados para implementar proyectos de infraestructura o prestación de servicios en los términos de la ley de la materia”.
El titular del Poder Ejecutivo, enviará al Congreso del estado un informe cuatrimestral de los estados de cuenta que guardan los contratos de asociación público privada que están en vigor”.
Mientras que el artículo 102 quedaría así: “los ayuntamientos deberán incluir en sus presupuestos de egresos las erogaciones plurianuales necesarias para cubrir las obligaciones derivadas de los contratos de asociación público-privada que hayan sido celebrados para implementar proyectos de infraestructura o prestación de servicios públicos en los términos de la ley de la materia”.
Lo anterior es la transcripción fiel de la iniciativa de reforma constitucional que el gobernador Ángel Aguirre Rivero envió al Congreso del Estado el pasado 20 de mayo, y presentada al pleno el día 24 del mismo mes, fecha en la que fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, 30 días después, en medio de la polémica, de una sesión maratónica pero con el aval en lo general y particular de los 46 diputados que integran la 59 legislatura se aprobaron modificaciones legales que permiten el aval a los denominados “Proyectos de Pago de Servicios PPS”.
De acuerdo al dictamen, este esquema de hipotecar los presupuestos a través de contratos presupuestales “plurianuales”, tiene antecedentes en su aplicación como “proyectos con vigencia plurianual” en los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Morelos y Nuevo León. Entidades federativas que tienen un avance de desarrollo de uno o dos siglos comparados en el estado de Guerrero.
Las modificaciones a la ley estatal que permiten la contratación de los PPS, consta de 90 páginas, contempla ordenamientos jurídicos relevantes, como la cancelación de los contratos cuando no se cumpla con lo pactado.
También se aprobaron reformas a las leyes de Presupuesto y Disciplina Fiscal, así como la de Deuda Pública para hacerlas compatibles al esquema de financiamiento privado.
En dos sesiones que transcurrieron en poco más de cuatro horas, los legisladores dispensaron la lectura de la iniciativa de ley, así como de las reformas a leyes secundarias, por lo que no se dio a conocer públicamente los términos en los que quedaron los documentos.
En la discusión en lo particular, se registraron ocho reservas de modificación de artículos, una de ellas presentada por el ecologista Luis Edgardo Palacios, una por el convergencista Florentino Cruz Ramírez y las otras diez por el perredista Sebastián de la Rosa. Del total, sólo cuatro se aprobaron.
La iniciativa votada ayer tuvo casi una treintena de modificaciones hechas por los diputados, respecto al documento original enviado por el gobernador del estado hace tres semanas.
Fue el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Álvarez Reyes, quien dio a conocer que a la iniciativa original que envió el titular del Ejecutivo se le realizaron 16 modificaciones de fondo al dictamen que fue aprobado ayer.
La nueva ley “recoge las necesidades para regular este tipo de esquemas de financiamiento… para establecer una nueva etapa de colaboración entre los sectores público y privado para superar los rezagos en infraestructura”.
Al emitir sus pronunciamientos, los legisladores priístas, perredistas, panistas y por convergencia coincidieron en señalar que respaldaban la iniciativa porque no era otorgarle un “cheque en blanco” al gobierno para otorgar contratos de forma indiscriminada.
Héctor Vicario Castrejón justificó el voto a favor de su bancada en el sentido de que “Guerrero no se puede sustraer, no puede estar ajeno al desarrollo y a la modernización nacional… Y es precisamente lo que hoy aprobaremos, la ley de los PPS. Destaco que “es una ley que vendrá a darle ruta a toda aquella inversión privada que pueda venir a nuestro estado… necesita Guerrero de los instrumentos que nos permitan tener una infraestructura moderna que actualice la promoción turística de nuestro estado”.
Por su parte Jesús Evodio Velásquez Aguirre insistió: “no será un cheque en blanco para la administración estatal y las administraciones municipales, porque todos los proyectos que se quieran financiar tienen que pasar por el análisis y aprobación de este Congreso”.
“Estamos creando las condiciones jurídicas institucionales y técnicas para el desarrollo de la inversión privada… El desarrollo de proyectos de APP puede ayudar a la administración pública a transferir riesgos inherentes a proyectos, mejorar la planeación de la inversión”, agregó.




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