*** PPS; Aguirre apuesta por el futuro de Guerrero.
El más reciente estudio realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por sus siglas CNDH, confirmó la realidad lacerante que se vive en Guerrero, que es considerado junto a Oaxaca y Chiapas, como un estado en donde no se cumplen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para el desarrollo de la población.
Así es. En el diagnóstico se habrían analizado siete rubros concretos: salud, educación, trabajo, nivel de vida, medio ambiente, cultura y seguridad social. Y en ninguno de ellos, Guerrero logró ubicarse, por lo menos, a la mitad de la tabla, con relación a las demás entidades del país. Siempre estuvo a la zaga, entre el lugar 30 y 32 en los siguientes aspectos: índice de alfabetismo, población ocupada, viviendas equipadas y población derechohabiente. Y para coronar, se le adjudica el penúltimo lugar en marginación.
Este último dato es de vital importancia. Porque con él se puede valorar la calidad de vida que hoy tienen los habitantes de Guerrero, que dicho sea de paso, es pésima. Y no es para menos, el penúltimo lugar en marginación se lo gana en virtud de que solamente el 41.3 por ciento de la población tiene acceso a los servicios de agua entubada (que no es potable), drenaje y energía eléctrica. En éste aspecto, Chiapas está por encima de Guerrero con 46 por ciento, mientras que Oaxaca ocupa el lugar 32 de la estadística, con 37 por ciento.
Así como sucede en éste rubro, pasa lo mismo con la infraestructura carretera, educativa y de salud, por citar algunos datos que tienen que ver directamente con la calidad de vida de la gente. Y lo peor del caso, es que el presupuesto que recibe la entidad es insuficiente para ir revirtiendo todos éstos rezagos. Más cuando hablamos de carencias de todo tipo, comenzado por la misma alimentación. Por lo que, los programas sociales deben ser un asunto prioritario y emergente, tal y como lo ha asumido el gobierno estatal, en donde el Gobernador Ángel Aguirre Rivero ha dispuesto la intensificación de programas de apoyo a los adultos mayores y de becas para estudiantes, así como la apertura de apoyos a madres solteras, por citar algunos ejemplos.
En suma, las carencias son enormes y el presupuesto es sumamente limitado. Y la lógica indica, que para revertir la pobreza, marginación, inseguridad y falta de empleo, la palabra mágica se llama: inversión.
Por eso el gobernador Ángel Aguirre propuso ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas, conocida como los PPS, Proyectos de Prestación de Servicios, mediante la cual, se busca incentivar a la iniciativa privada, a efecto de que participe en la construcción de obras sociales, que tengan una repercusión importante en la calidad de vida de la gente y cuyo costo sea cubierto de manera más cómoda para las administraciones.
El tema no es una novedad en el país. Ya diferentes estados, gobernados por los tres partidos más grandes y representativos, PRI, PAN y PRD, tienen sus leyes al respecto. A nivel nacional también ya existe una ley de ésta índole. La apuesta está muy clara, en el sentido de que la inversión privada sea puesta al servicio de la sociedad.
En el caso de Guerrero, la propuesta de Ángel Aguirre es la de un estadista, quien ve en la ley de asociaciones público-privadas, una buena oportunidad para que las inversiones tengan una repercusión positiva en la calidad de vida de las futuras generaciones. La mirada del gobernador no está depositada en el 2012, ni en el 2015. Sino en servir a un pueblo que sigue estando severamente golpeado por la pobreza y la marginación. Hoy tiene la palabra el Congreso del Estado. ¿Apuestan por sus simples intereses políticos o van por el futuro de Guerrero? Esa es la cuestión.
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