PECATA MINUTA

AMENAZA DICTADURA DE FACTO

Rogelio Gómez Mejía.

“El hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno del estado, pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos”

Epicteto.

En tan sorpresivo como contradictoriamente esperado, fuerzas del Ejército y la Marina realizaron el aparatoso operativo “Por un México Seguro” en el lacerado Nuevo Laredo, bastión de 22 municipios del sacrificado Tamaulipas en virtual golpe de estado al tomar las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal y arraigar en efectivo golpe militar a los 720 policías del lugar que fueron acuartelados y despojados de oficinas, armas, patrullas, gafetes y uniformes a pretexto de someterlos a exámenes toxicológicos, de antidopaje y de confianza, en sumisión total al “Acuerdo Nacional de Seguridad Pública” con miras a concretar el mando único de policía, que aceptó firmar el alcalde Benjamín Galván Gómez en tan convenenciero como inconstitucional documento con el secretario de gobierno Antonio Martínez Torres y con el aval del reciente gobernador Egidio Torre Cantú en pusilánime cesión de la soberanía estatal que le confío la ciudadanía después de la ejecución de su hermano Rodolfo.
En abierta renuncia a la soberanía constitucional fincada en el pacto federal, el gobierno tamaulipeco se deshizo de un plumazo de una de las fundamentales facultades del poder público en connivencia con la irresponsabilidad de 22 alcaldes del abandonado estado, que se reflejaron en Nuevo Laredo donde en violación a las garantías constitucionales de más de 700 policías y de las facultades contenidas en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, ignoradas por el alcalde Benjamín Galván, el Ejército constituido de facto en fuerza pretoriana ejecutó un golpe militar para tomar el poder político de modo repentino y violento sobre civiles en funciones de policías, que nada pudieron hacer tras protestar ante el alcalde por la humillante acción, cuando éste les explicó que era resultado de un acuerdo “nacional” que terminará una vez que pasen los exámenes a realizar por el gobierno federal, y en tanto recibirán su salario y prestaciones correspondientes al cubrir sus turnos de trabajo en arraigo en sus bases.
De tal manera se determina de facto que el poder y las obligaciones del gobierno estatal y municipal quedan a disposición de las autoridades militares y judicial federal, sin importar que la ciudadanía decidió en elecciones, se supone que democráticas, gobernador y alcaldes que ignoran los cargos de servicios públicos, incluidos desde luego la seguridad pública que les confieren los artículos 21 y 115, para cuando más coordinarse con la federación pero sin relegar su responsabilidad para convertirse en cajeros de los contribuyentes como amenaza imponerse en Tlaxcala, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y municipios vecinos, incluyendo los de Guerrero, donde el “nuevo” gobernador Ángel Aguirre Rivero remitió la iniciativa de Ley de Asociaciones Públicas-Privadas que aprobó unánime la incalificable 59 Legislatura, facultadora a los políticos-funcionarios de manejar los dineros de los contribuyentes para pagarles irresponsablemente a cualquier empresa que atienda a la comunidad de sus necesidades sin ningún compromiso.
Cómo quien dice, sale sobrando que cada periodo se hagan los aparatosos parapetos de las carnavalescas elecciones políticas para elegir funcionarios públicos, cuando de plano la oligarquía en el poder nada más tendría que nominar los gerentes para las “nuevas” empresas estatales y municipales…Digo!.
B ALA PERDIDA
A propósito de sainetes, ya es un hecho que el trío de participantes en el “reality show” electorero del Estado de México, para elegir entre el priísta Eruviel Ávila, el perredista Alejandro Encinas y el panista, Luis Felipe Bravo Mena, deben estar convencidos de que gastaron millonadas para cumplir con su actoral papel de candidatos, a sabiendas de que la decisión para el cargo no está en manos de los electores sujetos a engaño con un proceso por mayoría relativa que puede ser hasta de un 15 por ciento del padrón votante, y no de MAYORIA ABSOLUTA como debiera ser en un país democrático para tener conciencia de lo que la ciudadanía de verdad quiere.