POR UNANIMIDAD APRUEBA CONGRESO LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS DEL ESTADO DE GUERRERO

Chilpancingo, Gro., 15 de Junio de 2011.- Diputados locales aprobaron por unanimidad la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado de Guerrero, con la que se establecerá una nueva etapa de colaboración con el sector privado y favorecerá su integración en proyectos de inversión pública, para superar los rezagos en infraestructura, a través de esquemas de financiamiento que permita a los gobiernos y dependencias estatales y municipales desarrollarlos.

En el dictamen, se explica que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda, Justicia y de Desarrollo urbano y Obras Públicas analizaron dos iniciativas de Leyes una enviada por el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y la otra por el actual Ángel Aguirre Rivero, denominadas Ley de Contratos de Colaboración y Ley de Asociaciones Púbico-Privadas del Estado de Guerrero, acordando aprobar la última y retomar algunas disposiciones de la primera para enriquecer dicha Ley.

En el documento se destaca que el nuevo ordenamiento establece bases, lineamientos y reglas a las que se sujetará el Estado, los municipios y sus dependencias a través de la implementación eficiente de las asociaciones público-privadas, entre ellas, regular el desarrollo que realicen los gobiernos en la implementación de proyectos de infraestructura o de provisión de servicios públicos.

Asimismo, trasladar al inversionista la obligación de financiar el proyecto y asumir los riesgos de construcción y operación del mismo; permitir al sector público desarrollar infraestructuras y prestar servicios de calidad que debido a las grandes limitaciones presupuestales del Estado y los municipios podrían no estar disponibles con oportunidad sin la participación del sector privado.

Otras de las reglas que establece la Ley es distribuir la amortización de las inversiones en el largo plazo, evitando que el sector público destine grandes cantidades de recursos para construir infraestructura, permitiendo realizar mayor inversión en proyectos prioritarios y eficientar el uso de recursos públicos; recurrir en gran medida al endeudamiento público directo, proporcionando una mayor flexibilidad financiera derivada de una mezcla optima de recursos presupuestales, deuda e inversión privada.

Además contempla las bases, requisitos y elementos a los que se sujetarán las adjudicaciones de los Contratos de Asociaciones Público-Privada, que podrán realizarse mediante licitación pública o por invitación siempre y cuando cumplan con los supuestos establecidos en la Ley, y otorga facultad al Congreso para aprobar la autorización de estas asociaciones.

El dictamen señala que para que la Ley se ajuste en beneficio de la sociedad las comisiones dictaminadoras hicieron adecuaciones como establecer la obligación del gobernador de promover la creación de un fondo de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores, que permita la participación del ahorro de los sectores social y privado guerrerense.

También otorgar la potestad al desarrollador para que en la búsqueda de financiamiento procure obtenerlos del fondo de inversión antes señalado, mandatar la obligación de que en el Reglamento de esta Ley se establezca un catálogo de proyectos de obras y servicios públicos susceptibles de ser financiados bajo el esquema de Asociación Público-Privada.

Además reducir el plazo propuesto de treinta años de duración de las Asociaciones Público-Privada, a veinticinco, teniendo como base fundamental una proyección de inversión en beneficio de la sociedad; excluir de estímulos fiscales contemplados en la Ley de Desarrollo Económico y demás disposiciones fiscales estatales y municipales, al desarrollador, por la naturaleza y fin específico de la asociación.

Resalta que se excluye de las propuestas de licitación la participación de extranjeros, atendiendo a la prohibición de participación de capital extranjero en el Estado, y se establece que las sociedades que participen sean de nacionalidad mexicana y establece la obligación potestativa del desarrollador para que procure preferentemente la adquisición de las materias primas y contratación de personal guerrerense.

El dictamen señala que la entrada en vigor de la presente Ley debe ser posterior a la entrada en vigor de la reforma constitucional por lo que la vigencia de la misma será de treinta días posteriores a la entrada en vigor de la reforma.

En la discusión del dictamen los diputados Héctor Vicario Castrejón, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Sebastián de la Rosa Peláez y Ramiro Jaimes Gómez, coincidieron en que esta Ley es necesaria para el desarrollo de la entidad.

Sin embargo, dijeron que no es un “cheque en blanco” para el gobierno estatal ya que cada proyecto que se tenga previsto tendrá que contar con la aprobación del Congreso del Estado.

Los diputados Luis Edgardo Palacios Díaz, Sebastián de la Rosa Peláez y Florentino Cruz Ramírez, hicieron propuestas de reservas a diversos artículos de la referida Ley.



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