Impulsar la reforma política del Distrito Federal que desde hace años se encuentra estancada en el Senado de la República, a fin de que la capital del país tenga las mismas prerrogativas, derechos y obligaciones que el resto de las entidades que conforman la Federación, reafirmará la voluntad de los partidos en favor de los acuerdos necesarios que se requieren para el avance económico y social del país.
Una verdadera política incluyente en favor de la equidad y la igualdad entre los mexicanos y mexicanas por la que las distintas fuerzas políticas hemos venido luchando desde hace tiempo, debe pasar por permitirle a los habitantes de la ciudad de México tener su propia Constitución, tener facultades para iniciar leyes ante el Congreso y tomar sus propias decisiones en materia presupuestal, pues de otra forma la capital seguirá siendo víctima de revanchas políticas y cálculos electoreros de parte del gobierno federal en turno.
Para una entidad que concentra el 8 por ciento de la población total del país, donde se recauda más de la mitad de los impuestos federales y se genera gran parte de la riqueza del país, la reforma política representa un acto de congruencia, donde seguir condicionándole a la ciudad de México los recursos monetarios suficientes para su correcto funcionamiento significa caminar en sentido contrario a la lucha que desde hace tiempo se enarbola por combatir la discriminación en cualquiera de sus formas.
La reforma política debe asumirse como un acto de reciprocidad entre los gobiernos federal, el de la capital y los de los estados vecinos, pues el Distrito Federal no sólo sirve de escenario para dirimir los problemas que el Presidente o los gobernadores no pueden resolver en sus lugares de origen, sino que para muchos de sus habitantes la ciudad representa su segunda casa, debido al tiempo que pasan en el Distrito Federal por la ubicación de sus fuentes de trabajo, a quienes se les brindan los mismos servicios que a los capitalinos sin cobrarles un solo centavo.
No es correcto que año tras año el gobierno del Distrito Federal tenga que suplicar a los diputados encargados de diseñar el presupuesto los recursos que necesita para darle viabilidad a una ciudad que apoya de diferentes maneras a más de 20 millones de habitantes. Tampoco es justo que por no ser considerada como un estado más de la Federación la ciudad de México no tenga acceso a por lo menos 20 mil millones de pesos a los que tendría derecho si se cambiara la Ley de Coordinación Fiscal y se incluyera en el reparto de los recursos del Fondo de Exportaciones para la Infraestructura Social (FEIS), por ejemplo.
Hacemos un llamado a los diversos actores políticos a actuar en congruencia y, como se ha hecho en diversos momentos, hagan un esfuerzo por encontrar las coincidencias para sacar los acuerdos que le convengan a los mexicanos, en este caso a los habitantes de la ciudad de México, para que cuenten con una reforma política que los dote de autonomía presupuestal y derechos políticos equiparables al que disfrutan los habitantes del resto del país.
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