Carlos Navarrete
Chilpancingo, Gro. 12 de Diciembre / ANG.-La advertencia que hizo el gobernador en días pasados en el sentido de que endurecería su gobierno contra las movilizaciones sociales es peligrosa y debe considerarse, manifestó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández. Entrevistado antes de iniciar la marcha para conmemorar el primer aniversario luctuoso de los dos normalistas de Ayotzinapa asesinados el 12 de diciembre de 2011, lamentó que el Gobierno del Estado lejos de promover el respeto a las organizaciones, este lanzando mensajes de intolerancia en su contra. Esto luego de que el pasado lunes, el mandatario estatal, Ángel Aguirre Rivero, señalara el endurecimiento de su gobierno contra movilizaciones sociales, advirtiendo que se aplicaría la ley contra aquellos que atentaran contra el estado de derecho.
Abel Barrera mencionó que la situación que impera en Guerrero en cuanto a violencia, inseguridad, manifestaciones y cancelación de clases no es un problema que hayan originado los movimientos, y por el contrario, es solo consecuencia de un estado en donde prevalece la ineficacia de las instituciones y la impunidad.
“En momentos de crisis sale el talante autoritario de un gobernador ante la falta de canales de dialogo y ante la falta de canales de justicia, entonces eso más bien coloca a las víctimas, a los defensores, a los movimientos sociales en el blanco para que los sectores duros sigan atacando a las víctimas y a los defensores”.
En cuanto a la acusación que también hizo Aguirre Rivero en contra de las organizaciones sociales, en el sentido de que aprovechan los diferentes conflictos para apropiarse de ellos y lucrar con los movimientos, reprobó esta declaración de la que dijo, no cuenta con argumentos.
Explicó que con esto, Aguirre Rivero demuestra que no tiene respeto por los organismos defensores de derechos humanos que existen en Guerrero al mismo tiempo que lo deja en evidencia por desconocer el reconocimiento que la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido para estos organismos no gubernamentales.
Dijo que estas acusaciones ponen en peligro a los representantes de las diferentes organizaciones sociales que defienden los derechos humanos, pues al ser atacados por el propio gobernador, deja la posibilidad de que ninguna otra institución los respete, e incluso pase por encima de ellos.
“Esto más bien nos coloca en mayor riesgo, porque él esta mandando un mensaje a los grupos duros a que usan la fuerza, que usen las amenazas para golpearnos, con ese mensaje del jefe político del estado, esta queriendo decir a estos grupos, que hay que atacar a los defensores y el movimiento social, y que hay que desacreditar y alentar la impunidad”. (ANG)
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