Ley general de victimas, paso relevante para impartir justicia

La publicación de la ley general de víctimas constituye un paso relevante para hacerle justicia a las miles de víctimas y a sus familiares que han vivido en carne propia las consecuencias del crimen organizado y la ausencia del Estado en la procuración de justicia que inhiba la comisión de los diversos delitos que lastiman la dignidad de las y los sujetos y que reiteradamente violan sus derechos humanos.
Sin embargo, no basta con el reconocimiento, en un ordenamiento de la importancia como el que se acaba de publicar, de la deuda que tiene el Estado mexicano con quienes han sido vejados en sus personas y despojados de sus bienes. Es imperante que de forma paralela se aplique un programa de combate a la corrupción en las dependencias relacionadas con la seguridad pública y la procuración de justicia, pues de otra forma seguirá prevaleciendo la impunidad que hace posible que el 98 por ciento de los delitos no se castiguen.
Además de la promulgación de dicha ley, es urgente que el gobierno de Enrique Peña Nieto comience a dar certeza a las y los mexicanos y ofrezca respuestas concretas y expeditas a los reclamos que reiteradamente se realizaron a lo largo del pasado sexenio relacionadas con la desaparición de más de 25 mil personas, los más de 250 mil desplazados y los más de 100 mil asesinatos cometidos en nuestro territorio derivados de los 22 delitos relacionados con la delincuencia organizada, como el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el fraude y el tráfico de personas, entre otros.
Cabe destacar que de acuerdo a un reporte conservador publicado por el diario Milenio el pasado 6 de enero, en el primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron 982 homicidios relacionados con supuestos actos del crimen organizado, 33 casos más que en el último mes del sexenio de Felipe Calderón, aunque otros informes periodísticos hablan de una cifra cercana a mil 500 víctimas.
La promulgación de la ley de Víctimas sin duda es un instrumento que dotará de herramientas para frenar la violación de los derechos humanos de las víctimas, servirá para tomar acciones concretas para que dichos actos no se repitan y ayudará a resarcir el daño causado por la violencia entre la mayoría de las y los habitantes de todo el país, pero mientras impere la política de impunidad y corrupción en México, Peña Nieto tendrá que poner en juego más que buena voluntad para revertir una tendencia que dista mucho de ser diferente a la que se vivió en el pasado sexenio..

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