No se aplica el contenido de la ley para discapacitados

*Julita Fernández lamento que ni siquiera se hayan conformado el consejo estatal y el consejo consultivo
A 20 meses de que entró en vigor la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero no se cumple con lo que establece su contenido y las dependencias del Gobierno del Estado encargadas de su aplicación han puesto oídos sordos a las demandas de las organizaciones que piden se dé cumplimiento a la ley que tanta esperanza les causó señaló la diputada local Julieta Fernández Márquez.
De acuerdo a la información del INEGI el estado de Guerrero cuenta con una población de 166 mil 430 personas que presentan algún grado de discapacidad de las cuales 1.2 por ciento se presentan en el grupo infantil.

Del total de las discapacidades en la entidad, el 63.7 por ciento de ellas son asociadas con el nacimiento, el 21.6 por ciento fueron causadas por alguna enfermedad y el 5 por ciento fueron provocadas por algún accidente.
La legisladora dijo que el titulo segundo de la Ley 817 prevé la constitución de un Consejo Estatal para la integración social de las Personas con Discapacidad, el cual hasta la fecha no se ha creado con la participación de las Organizaciones de Discapacitados en la entidad, como lo marca la ley.
Fernández Márquez señaló que es muy preocupante porque este debe fungir como un órgano de carácter honorífico, de asesoría, bienestar y desarrollo de las personas especiales, explicó que este Consejo debe de ser además un instrumento permanente de coordinación intersecretarial e institucional, cuyo objetivo es el de contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar y vigilar la evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley.
Agregó que tampoco se ha instituido y fomentado el Consejo Consultivo de las Personas con Discapacidad previsto en la misma Ley y que tiene como objetivo proponer y opinar sobre los programas o acciones.
Dijo Fernández Márquez como legisladores es nuestra obligación velar para restituir los derechos plenos de las personas con discapacidad, el acceso al trabajo a la educación, a la salud  y a la movilidad, entre otros, son fundamentales, por eso se debe de exigir que se cumpla totalmente con lo establecido en la ley, ya que de ella emanan acciones que el poder Ejecutivo debe realizar.
Finalmente dijo que el Congreso Local con estricto respeto al ámbito de competencia, exhorta también a los 81 Ayuntamientos para que contemplen la creación de unidades administrativas encargadas de la atención de las personas con discapacidad en sus municipios y designe al comisionado municipal que deberá participar en los órganos colegiados en el seguimiento de las  de las obligaciones que se derivan de la Ley.

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