México, D. F.- El Senador Armando Ríos Piter adelantó que la bancada perredista votará en contra del dictamen sobre Consulta Popular que se discute en el pleno, por considerar que restringe y obstaculiza que se pregunte sobre el tema energético, imposibilitando así un derecho ciudadano establecido en el Artículo 35 de la Constitución.
Expresó que hay una serie de requisitos como el aviso de intención, la cantidad y el tipo formato para las firmas, la participación de la Cámara de Diputados, y una especie de toma de nota que pone a los ciudadanos en una franca aduana por parte del Poder Legislativo, y que imposibilita la certeza en la continuidad del trámite.
Ríos Piter calificó este dictamen como un verdadero vericueto que terminará empantanando la posibilidad de llevar a cabo las consultas populares.
En esta misma situación de falta de claridad, está la participación del Instituto Nacional Electoral con la verificación de firmas y que no se tiene garantía de audiencia. Así como el papel de la Suprema Corte de Justicia, que verifica la Constitucionalidad de la pregunta.
El legislador perredista, secretario de la Comisión de Gobernación, dijo que como no se ve intención de diálogo, de discusión, de avanzar, los senadores perredistas no pueden aprobar una consulta popular que está clara y abiertamente en contra de un derecho constitucional.
Agregó que han planteado la necesidad de una serie de cambios, indispensables para garantizar que la consulta popular sea viable, y que no se convierta en una ley que sea un conjunto de restricciones y de obstáculos, imposibles de cumplimiento por parte de los ciudadanos.
“Nos parece una miopía que la discusión, especialmente la visión que ha tenido el gobierno y el PRI sobre este particular, verse solamente sobre el tema energético”.
Armando Ríos Piter señaló que la Consulta Popular es un derecho ciudadano ya establecido en el artículo 35 de la Constitución, y se debe garantizar que la participación democrática sea contundente, sólida, viable, y que las limitaciones antes citadas, afectan un importante derecho que se alcanzó con la Reforma Política del 2011.
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