México, D. F.- “Indispensable conformar un Tribunal General De Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, para tener un nuevo marco institucional que permita el combate a la corrupción y el seguimiento por parte de los ciudadanos del gasto público” propuso el senador Armando Ríos Piter.
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Mediante iniciativa, el senador perredista señaló que se necesita un nuevo andamiaje transforme la manera en la cual se ejerce el gasto público: “no solamente en la forma en la que sea planea y se programa, sino la forma en la que se ejecuta y se le da seguimiento por parte de la sociedad”.
Mencionó que es escandaloso ver notas que aparecen en los medios de comunicación, donde se expone que el 96 por ciento de las denuncias que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, han quedado sin rumbo, o no han tenido una conclusión.
Ríos Piter detalló que el caso reciente de Oceanografía, y situaciones como la deuda subnacional, cuyo informe indica que las obligaciones financieras de estados superan el porcentaje de manera preocupante, en casos como Coahuila con casi 300 por ciento; Quintana Roo con 235 por ciento, o Nuevo León con el 208 por ciento, condición preocupante para las finanzas públicas de esos estados y del país.
El también Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, argumentó que otros rubros del ejercicio público que preocupan son: Salud, donde el Seguro Popular objetó el 23 por ciento de su presupuesto, con irregularidades según la Auditoría Superior de la Federación.
“En seguridad pública, la opacidad afectó hasta el 39 por ciento de los fondos; cuatro de cada diez pesos que se están gastando hoy en esta materia, según la Auditoría Superior de la Federación, enfrentan este tipo de problemas” aseveró.
La creación del Tribunal General De Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, tiene antecedentes exitosos en países como España, Bélgica y El Salvador, así como en la Unión Europea.
Su función, sería complementar la labor de la Auditoría Superior de la Federación y de lo que será el Sistema Nacional de Fiscalización, para sancionar respecto del ejercicio del presupuesto público que genere, administre o ejerza cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos en los ámbitos federal, estatal o municipal.
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