A LA OPINIÓN PÚBLICA

A LA SOCIEDAD GUERRERENSE

El gobierno de la República encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto desde su llegada en el 2012, cambió el trato a los asuntos de seguridad pública nacional; dándole un giro a su estrategia en esa materia, se alejó el tema de los medios de comunicación, se realizaron varias detenciones de reconocidos delincuentes, que empezaron a permear en el imaginario nacional la idea real de que la estrategia de seguridad del nuevo gobierno estaba siendo efectiva.

Pero esta percepción le duró poco tiempo al país; el 30 de junio de este año, como ahora es sabido, elementos del Ejército Mexicano masacraron a 22 civiles presuntos delincuentes, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. El 26 de septiembre pasado, según los avances que se conocen de las investigaciones realizadas por la PGR, integrantes del crimen organizado, en complicidad con policías municipales de Iguala y Cocula, en Guerrero, asesinaron a un deportista, dos ciudadanos, tres jóvenes normalistas, y mantienen desaparecidos a 43 de ellos.

En este contexto, el gobierno federal, como se lo exigimos desde las primeras horas, a través de la PGR atrajo las investigaciones. Hasta el fin de semana pasado, las fuerzas armadas federales han ido tomando el mando de la seguridad pública municipal de quince municipios del país, catorce de Guerrero y uno del Estado de México; entre ellos, seis gobernados por el PRD --Iguala, Apaxtla, Teloloapan, Canuto A. Neri, Ixcateopan y Coyuca de Catalán--, siete gobernados por el PRI --Cocula, Taxco, Pungarabato, Arcelia, Tlapehuala, San Miguel Totolapan e Ixtapan de la Sal--, uno gobernado por el PT --Buena Vista de Cuellar-– y uno más gobernado por el PAN –Pilcaya--.

Con ello, queda demostrado que la delincuencia tiene capacidad por medios diversos y distintos de infiltrar todos los niveles de las instituciones del Estado Mexicano, y se puede apropiar de los gobiernos municipales, controlando a sus policías, sin importar las siglas partidarias con las que hayan ganado, por lo que ningún partido puede garantizar que los gobiernos surgidos de sus siglas puedan no ser corrompidos y cooptados por la delincuencia. 

Estos hechos, sumados a una serie de asesinatos diarios en las distintas regiones del país, presuntamente a manos del crimen organizado, el indefinido número de mujeres asesinadas que fueron encontradas en los canales de aguas negras del municipio de Ecatepec, Estado de México, y los hechos heredados y sin resolver de los gobiernos anteriores, y los escándalos de Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, son notables señales de que el Estado mexicano carece de capacidad para enfrentar la amenaza de los delincuentes.

El paso de los días ha ido dando luz sobre quiénes son los probables responsables de los hechos; no obstante, para Nueva Izquierda en Guerrero, no es suficiente lo que se ha hecho hasta hoy, pues a 25 días de lo ocurrido en Iguala, es necesario preguntar al gobierno de la República, como responsable de las investigaciones: Quiénes realmente participaron en la agresión, qué fue lo que motivó tanta saña contra los jóvenes estudiantes, por qué los miembros del Ejército del 27 Batallón de Infantería, estando tan cerca del lugar de los hechos, no intervinieron de inmediato, qué intereses políticos y económicos están detrás de lo ocurrido, dónde están y quién tiene a los jóvenes desaparecidos, quiénes son los asesinos de las personas encontradas en las fosas, cuál es el móvil en estos acontecimientos, por qué el presidente Peña Nieto tardó 10 largos días en ordenar la intervención federal, por qué las autoridades federales que conocieron de denuncias sobre hechos criminales un año antes, no investigaron ni fincaron responsabilidades. Estamos esperando respuestas.

Coincidimos con el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en reconocer que nuestro partido durante años adoptó la idea de que lo importante era ganar más legisladores, más gobiernos estatales y municipales. Se pensó que lo importante era avanzar electoralmente y descuidamos la trayectoria de los candidatos y el desempeño de nuestros gobiernos, ni aplicamos correctivos cuando hubo indicios de actos de corrupción, o peor aún, de cooptación de funcionarios públicos por parte de los delincuentes. Decir que a todos los partidos les ocurre lo mismo, no es justificación. El PRD nació para transformar la vida de los mexicanos, ser un referente ético y gobernar de manera diferente de los otros partidos.

Ante todo ello, nosotros somos los primeros preocupados por lo que está pasando, por lo que exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, como ya lo hicimos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y nos sumamos como lo hemos planteado desde el primer momento, a la exigencia de realizar una investigación a fondo para dar con los culpables y castigarlos con todo el peso de la Ley, caiga quien caiga, sin importar jerarquía o color partidario, y asumimos el compromiso de mantener esa posición hasta ver que los culpables estén pagando sus penas por este acto de barbarie.

Entendemos claramente la desesperación y el enojo, así como las posiciones y acciones de los familiares y amigos de los asesinados y desaparecidos, pero reprobamos las de actores políticos y sociales que por cálculo electoral pretenden aislar los lamentables hechos de Iguala del contexto nacional, y lejos de coadyuvar creando un ambiente de fortaleza para lograr una presión tal que permita que este abominable acontecimiento no quede impune, medran con el hecho y con acciones y declaraciones, incluso amenazas, que buscan crear un ambiente de inestabilidad en el estado, para justificar la caída del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y la desaparición de poderes en Guerrero.

En este contexto al pueblo de Guerrero y de México, expresamos:

Primero. Que con estricto apego al contenido del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su respectiva Ley Reglamentaria; al normal funcionamiento de las instituciones de los tres poderes en nuestra entidad federativa; no hay fundamento constitucional para que el Senado de la República declare la desaparición de poderes y, por lo tanto, tampoco para la sustitución del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Segundo. Exigimos al Gobierno de la República la implementación de un operativo especial para la búsqueda y presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, así como dar a conocer los resultados de los hechos de Iguala para fincar las responsabilidades a quienes resulten culpables, sin importar jerarquías o militancia partidaria.

Tercero.  Asumimos el llamado del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido para que personajes de la sociedad sin militancia partidaria puedan conformar una comisión de ética, que contribuyan con el PRD para iniciar las correcciones internas; y para que internamente se elaboren mecanismos confiables para revisar la actuación de dirigentes partidarios nacionales, estatales y municipales, legisladores y funcionarios públicos, para garantizar que su actuación esté apegada a los lineamientos de nuestra declaración de principios y estatuto.

Fraternalmente

Nueva Izquierda Guerrero

Responsable de la publicación: Maricarmen Cabrera Lagunas, Coordinadora Estatal