Breve Historia De La Costa Grande

La reforma juarista en la región de la Costa Grande

Desde 1849, año de la fundación del estado hasta el triunfo republicano sobre el imperio de Maximiliano, en 1867, se realizaron grandes esfuerzos por trascender política, económica, social y culturalmente, pero con pocos y reducidos resultados de cada uno de los rubros socio-políticos, al querer organizar la nueva entidad federativa, ya sea por las guerras internas y extranjeras que sumían en la pobreza a la mayoría de los habitantes guerrerenses, y mucho más, a los moradores costeños y serranos.

 Por todos es conocido que en esta época reformista la concentración de la tierra se encontraba en las manos y en el manejo de las capas eclesiásticas de media tabla hacia arriba, hasta 1857, en que la aplicación de las Leyes de Reforma establecían que las fincas rústicas, rurales y urbanas pertenecientes a corporaciones civiles o eclesiásticas, podrían ser adjudicadas a sus arrendatarios bajo la estimación de renta como rédito al 6% anual, ya que el propósito principal era hacer producir todos los bienes inmuebles que se encontraban enajenados, sin producción o sin servicio, a la vez que se deseaba impulsar la industrialización y la comercialización de los recursos naturales regionales y estatales, pero hasta ese momento, sin privar al clero de su inmensa riqueza ante una gran animadversión liberal.  

 Por el sentido de la ley y en una reacción feroz y armada, teniendo como autores intelectuales a los prelados católicos y en Félix Zuloaga a su representante militar, se inició la llamada “Guerra de Tres Años”, que trajo otro cruento capítulo armado ya conocido y reconocido entre las expresiones liberales y conservadoras, que una vez decidido y favorecido para la ideología liberal, se impone la aplicación de la “Ley Juárez”, que establecía que los terrenos en disputa ya no se rentaban sino que se denunciaban, se concesionaban o llegaban a catalogarse y a legislarse como mostrencos, que son los bienes muebles o inmuebles que se encuentran perdidos, abandonados o deshabitados y sin saberse  de su (s) dueño (s), en la localidad o en la región… y al estar en esta situación legal reconocible pueden ser adjudicados, ocupados y adquiridos siguiendo las normas establecidas, que en caso de los inmuebles, lo más común era que pasaran a la propiedad del estado a través de la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. 

 En el sentido de las Leyes de Reforma, en el Estado de Guerrero se formalizan en las poblaciones más concurridas, para de ahí formar un efecto dominó con sus zonas rurales, pero que finalmente modificaron la propiedad o concesión de la tierra de manera determinante. 

 Por principio de cuentas, se puede reconocer que esta propuesta y oficialización constitucional favorece a la causa de los insurgentes, en su afán de desmovilizar y debilitar el poder y las propiedades de las instituciones y personajes de pensamiento conservador, como fue el caso de la iglesia, de los hacendados, los caciques y los latifundistas estatales y regionales, ya que sus medidas políticas pudieron quitarle las posesiones materiales a la iglesia, lo que debilitaba enormemente la posición conservadurista. 

 Sobre este ejemplo, se puede afirmar que las cofradías en Coahuayutla y La Unión sufrieron la aplicación de la ley puntualmente, con lo que desaparecieron para dar paso a las concesiones pertinentes.

 En esta historia, se puede enfatizar que la tierra repartida que estaba bajo la égida de la iglesia y de los grandes propietarios acaparadores, pasó a ser repartida sólo entre grandes y pequeños propietarios, lo que trajo como consecuencia que se reconfigurara la posesión de la tierra provocando ahora el latifundismo, ya que fueron beneficiados, mayoritariamente, los militares y los finqueros que tuvieron la información de “primera mano”, los que tenían los recursos necesarios para gestionar, pagar los viajes a los centros de gestión, con asesoría técnica y legal para sostener la dinámica logística y realizar la adjudicación legal de los terrenos reclamados.

Hubo pequeñas partes que fueron adjudicados o reconocidos a los pueblos indígenas, que databan desde los tiempos virreinales, y que aunque hubieran querido ampliar sus tierras comunales, no era posible, por sus recursos económicos tan reducidos, pues sólo tenían la información oficial de forma tardía o fragmentada, a lo que se le adicionaba sus estados de analfabetismo, monolingüismo y la falta de los medios necesarios para solicitar, viajar, gestionar y lograr sus concesiones de las tierras de labor.  

 Principalmente fueron los militares insurgentes los beneficiados con estas medidas reformistas, o bien ampliando sus propiedades o iniciándose como nuevos latifundistas, por las razones expresadas con anterioridad; de la misma manera, los finqueros cometieron arbitrariedades fuera de la ley, al amenazar y llegar al asesinato de los competidores en turno, todos tras la posesión de los terrenos y sus recursos naturales, llegándose a posesionar de enormes medidas de terrenos con diversa vocación natural y productiva, lo que se agravó profundamente en tiempos del porfiriato, con las compañías deslindadoras que negociaron, acapararan y traficaron grandes extensiones finqueras.   

 Sobre estas formas de actuación, se puede citar la lista de los principales y grandes latifundios en la Costa Grande, pues a través de décadas, las familias Galeana, Fernández, Martínez, Soberanis, Gómez e Iturburo fueron dueñas de las fincas costeñas entre Acapulco y Coahuayutla.

 Y bajo las pruebas se remite la información, pues el General Álvarez tuvo enormes posesiones de tierra como la Hacienda de la Brea, conocida posteriormente como de La Providencia, también en la Sabana, La Venta y Tres Palos, como los botones de la muestra, y que fueron heredadas y agrandadas por su hijo Diego. 

 De la misma forma, parte de estos latifundios de La Unión, Petatlán, Tecpan y Atoyac fueron adquiridos en una enorme finca de 150 000 has. que acaparó el General Martín Carrera. 

 Pero el problema no para ahí, puesto que más pronto que tarde, los nuevos terratenientes inmediatamente pretendieron apropiarse y/o usufructuar las tierras comunales de los indígenas, lo que trajo al estado una serie de protestas, rebeliones y enfrentamientos de orden particular y comunitario, continuando con el negro destino guerrerense de las eternas disputas por la posesión de la tierra entre terratenientes y campesinos.

 Así, al restaurarse la República Mexicana, los grupos de poder político en Guerrero entraron en pugna ideológica tras el control del gobierno estatal, lo que también les garantizaba información valiosa e inmediata y la oportunidad de posesionarse de mayores terrenos en sus regiones. 

 En uno de tantos enfrentamientos, el General Vicente Jiménez se manifiesta en Iguala en contra de Diego Álvarez, que a su vez había heredado las posesiones, las influencias y el cacicazgo de su padre, desde la gesta de la Revolución de Ayutla, por lo que se inicia una lucha fratricida bajo cruentos enfrentamientos, hasta que el Lic. Benito Juárez García envía al general Francisco O. Arce y sus tropas a apaciguar el ambiente guerrerense, y al pasar el tiempo, éste se queda como gobernante desprendido de la famosa clave logística del “tercero en discordia”.

 Aun así, no había paz duradera, pues en medio de levantamientos, pronunciamientos, disputas, debates populares, oficiales y rebeliones puntuales, se llegaban a dar largos períodos de treguas y tranquilidad social como un enorme respiro comunitario.

 Pero en el proceso y desarrollo poblacional se puede apuntar que en las gestiones oficiales, durante el mandato del gobernador Francisco Arce, que fueron de 1869 a 1873 y de los dos consecutivos de 1885 a 1889, primero con los apoyos decididos de don Benito Juárez y posteriormente de don Porfirio Díaz, se fueron provocando las relaciones públicas necesarias y pertinentes en torno a la unidad comunitaria, que permitieron ir cimentando las bases de un desarrollo social con proyectos modernistas de la época, como fueron la introducción de los ferrocarriles al norte del estado y la incipiente carretera entre México, Iguala, Chilpancingo y Acapulco, que en perspectiva vinieron a detonar el progreso de la economía estatal y la activación por detentar el poder de la entidad guerrerense, entre sus políticos y latifundistas.

 Asimismo, se levantan censos de población de donde se derivan la estructuración de presupuestos, gastos y erogaciones planeadas, calculadas y ejecutadas hacia la infraestructura del estado, a la vez que se van inaugurando servicios públicos de gran impacto comunitario, como la instalación de telégrafos y teléfonos, reconociendo que se realizaron inversiones determinantes en los campos de la minería, la silvicultura y la agricultura, acompañadas de campañas de asistencia y beneficio público; se programaron y se legislaron artículos constitucionales que dejaban atrás las que seguían vigentes del Estado de México y apareció con solidez y seriedad la instrucción pública, cuando a través de la señora Luz Noriega de Arce, se fundaron las primeras escuelas formales y oficiales reconocidas como Escuelas Reales, en la mayor parte de las ciudades y de las zonas adonde se concentraba la población guerrerense. 

 Se fueron organizando clubes sociales e instituciones politizadas y literarias, como es el caso del Instituto Literario del Estado, que el gobernador Arce promovió al convencer al maestro Francisco Granados Maldonado, cuyo mérito era el de haber ganado el 2º lugar durante el concurso de la composición del himno nacional mexicano, que se convertiría en su primer director, y con esta proyección dar paso seguro a las inquietudes de jóvenes y adultos de Guerrero, en sus afanes de estudiar y cultivar el academicismo; el florecimiento del periodismo dio cabida a la politización de sus habitantes regionales, y se fueron intensificando visiblemente las inversiones extranjeras, a la vez que se aplicaban considerablemente las leyes de Reforma, con lo que empezaron a hacer acto de presencia las iglesias protestantes, buscando desamortizar los bienes eclesiásticos de manera definitiva, y fue de observancia una ampliación a la visión indigenista del estado, con ciertas resistencias de los grupos conservaduristas, pero que finalmente movieron las estructuras anquilosadas.  

 De la misma forma, se puede asentar que dentro de los rubros más importantes estuvo la exploración de las márgenes del río Balsas para estimar su navegación y proponer las actividades de una agricultura intensiva, de actividades mineras de mayor producción y los impactos ambientales que pudieran conjugarse en pos del progreso guerrerense.

 Con estas medidas geográficas, políticas y socio-económicas se movilizaron y se activaron las capas comunitarias afines y perfiladas en los intereses productivos en cada zona y región de Guerrero, con los que fueron desplazando los cacicazgos regionales y políticos para dar paso a un gran desarrollo de infraestructura estatal.

 Con este planteamiento comunitario, Francisco Arce seguía pensando que la inmigración era uno de los factores que podía cambiar el rumbo guerrerense y hacer prosperar al estado; a esta altura de la crónica se pueden hacer algunas consideraciones: el estado de Guerrero está fincado, en su mayor extensión, sobre un terreno abrupto, con falta de población productiva, cubriendo una extensa superficie estatal para darle servicios públicos inmediatos y con altos índices de pobreza, analfabetismo y falta de inversiones públicas y privadas duraderas, que lejos de ayudar, frenaban el desarrollo regional.

 Un caso particular pero de una medida observable es el decreto que a continuación se detalla para la población de Zihuatanejo:

 Dentro de este período se calcula una población de aproximadamente trescientas personas  por lo que el gobierno del estado decretó la exención de impuestos para las familias que decidieran venir a poblar esta región y en particular a la población de Zihuatanejo, bajo el siguiente decreto estatal:

“Francisco O. Arce, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, a sus habitantes:

Que por la Secretaría del Congreso del Estado de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, expide el siguiente.-

DECRETO número 26

Artículo 1º.- se exceptúan del pago de las contribuciones, que correspondan al Estado, por el término de cinco años, a los individuos que durante ellos y, perteneciendo a la clase proletaria, a juicio de la autoridad respectiva, se avecine en el pueblo de Zihuatanejo, de la comprensión del distrito de la Unión.

Dado en el salón de sesiones, del Congreso del Estado, en Chilpancingo de los Bravos, a 8 de abril de 1892.- Miguel Castro, diputado presidente.- Francisco J. Meléndez, diputado secretario.- M. GARCÍA, diputado secretario.

Por tanto mando se publique, circule y observe.

Chilpancingo de los Bravos, abril 9 de 1892.- Francisco O. Arce.- R. Del Castillo Calderón, Secretario General”.

El reglamento está redactado en términos: “Francisco O. Arce, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, a sus habitantes, sabed:

   Que en el uso de la facultad que me concede, el artículo 2º del decreto No. 26, he tenido a bien, pedir el siguiente 

REGLAMENTO.

   Artículo 1º. Los individuos que quieran gozar del privilegio que concede el Art. 1º del decreto citado, se presentarán al Prefecto político del distrito, cuyo funcionario abrirá un registro, en donde se hará constar el nombre, apellido y demás generales de los ciudadanos que pretendan avecindarse en el puerto de Zihuatanejo, así como la fecha en que lo hagan.

Artículo 2º.- El mismo Prefecto, con el Recaudador de Rentas y el Presidente del Ayuntamiento de la cabecera del distrito, resolverán en junta constitutiva al efecto, quienes son los agraciados por el mismo decreto, haciéndolo constar en el registro.

Artículo 3º.- A los agraciados les será entendida (sic) una constancia por la Prefectura en la que se expresará, que la persona a quien se expide, está exenta de pago de sus contribuciones, fijándose en ella la fecha en que comienza su excepción.

 Artículo 4º.- La constancia que habla el artículo anterior, servirá de resguardo al interesado, durante los cinco años que queda exceptuado del pago de sus contribuciones.

Artículo 5º.- El prefecto hará constar mensualmente, en la noticia periodística, el número de ciudadanos que se avecinan en Zihuatanejo, gozando de los beneficios del decreto citado.

Chilpancingo, Gro. A 10 de abril de 1892.- Francisco O. Arce.-

Rafael del Castillo Calderón, Secretario General”.

Con estos propósitos tan claros, para 1886 se instalaron una agencia de correos en Acapulco y una serie de sub-agencias en Coyuca, Atoyac, La Providencia, San Jerónimo, Tecpan y Petatlán, conducidos por personas que bien se desplazaban a pie, en caballos o mulas. 

De la Unión se conectaban hacia Ciudad Melchor Ocampo, hoy Ciudad Lázaro Cárdenas, Coahuayutla y las poblaciones sobre la ribera del Río Balsas, Ario de Rosales y Uruapan, y por la parte sureste, entroncaban con Agua de Correa… También se puede enlistar que a lo largo y ancho de la Costa Grande no hubo la construcción de edificios públicos de manera decidida y definitiva, pues hasta la fecha no se encuentran estas pruebas comunitarias ni obras de embellecimiento y ornato, pues además de no tener esta vocación arquitectónica, ya fuera por la falta de visión social o que el tipo de terrenos húmedos no lo permitía, y todavía más, se temía que ante tantas y tantas rebeliones armadas, en cualquier momento serían destruidas sin consideración alguna.

 En 1887 en el estado funcionaban 489 escuelas de instrucción básica, de las cuales tres tenían un local propio, entre las que se encontraban la escuela “Francisco O. Arce” en el pueblo de La Unión y las municipales de Cruz Grande y Olinalá. 

 Y entre 1879 y 1902 la mayoría de las escuelas rurales y urbanizadas laboraban sólo durante cinco meses, pues tenían que contemplar en su vida diaria los trabajos agrícolas, familiares, parcelarios y comunitarios que los mantenían económicamente, como lo constatan los profesores que pasaban por esta experiencia.

 Pero tal parece que en la vocación de Guerrero siempre ronda la rebeldía por el dominio regional y estatal, pues en un último intento, el General Vicente Jiménez, con el apoyo decidido de Porfirio Díaz, inclina la balanza ideológica para desconocer, juzgar, atacar y desplazar al gobernador Arce, lo que en un mediato plazo trajo la inmovilización de las inversiones extranjeras, que se alejaron inmediatamente ante las circunstancias impredecibles de ese tiempo, que redituaron claramente que se detuvieran los trabajos de infraestructura, como fue que la interconexión del ferrocarril programado de Veracruz hacia Acapulco quedara sólo en planes indefinidos y que los trabajos en el río Balsas no se cristalizaran de forma integral con respecto a su posible navegación… 

 A la vez que los grandes caciques fueron envejeciendo y muriendo como en los casos de Nicolás Bravo, de Juan Álvarez, del mismo Vicente Jiménez o el envenenamiento de Canuto A. Neri, por la maldad de Victoriano Huerta y el deceso de Diego Álvarez en su hacienda de La Providencia, provocaron que fueran dejando en otras manos el control social de sus zonas de influencia y la posesión de sus propiedades, con lo que la historia del estado cambió su curso.

 De esta manera se dio paso a la formación e incorporación política de nuevos cuadros poblacionales, generando la preparación de abogados, profesores, ingenieros, pequeños terratenientes y comerciantes, con una incipiente industrialización de los recursos naturales guerrerenses, que fueron cambiando el rostro y el cuerpo social de nuestro querido, bronco y noble estado de Guerrero. 

 Entonces, la Costa Grande estaba comprendida dentro de los distritos políticos de Tabares y Galeana, con actividades agrícolas y ganaderas importantes, a la vez que se exportaban productos de algodón con destino para los Estados Unidos norteamericanos, contando con 30 pueblos, 11 haciendas y 53 ranchos de diversos tamaños y producciones y el número de sus habitantes llegó a ser de  54, 903 personas.

 Con el objetivo primordial de estimular la industria, se daban exenciones hasta por 10 años a todos los inversionistas que promovieran nuevas fuentes de trabajo y para el establecimiento de fábricas, como la otorgada a Eduardo Caamaño para la extracción de aceite de la semilla de algodón, en la entonces cuadrilla de Tenexpa, a la vez que había dos fábricas de hilados y tejidos, una, “La Perseverancia”, propiedad de Manuel Bello y ubicada en Atoyac, y la otra, “El Progreso del Sur”, en Aguas Blancas, cuyo propietario fue Bernardo Fernández, y ambas producían mantas de algodón con telares, motores de fuerza hidráulica y hasta dos centenas de operarios y trabajadores en sus industrias.  ¡Así ha sido la historia de nuestro estado!… (Desde el hermoso “lugar de mujeres”. Raúl Román Román. El Indio de Iguala).