La corrupción y la impunidad en México refleja el atraso que hay en las leyes y los marcos jurídicos, por lo que las nuevas reformas constitucionales representan la oportunidad para lograr un cambio, afirmó el contralor general del Estado, Eduardo Gerardo Loría Casanova.
El funcionario participó en la 54 Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación (CPCE-F), que se desarrolla en Mérida, Yucatán, donde destacó que las nuevas reformas constitucionales buscan hacer más funcionales las actuales dependencias fiscalizadoras de recursos públicos.
“Sin embargo, es fundamental lograr un cambio de cultura de la legalidad y de la actuación de los servidores públicos, de la iniciativa privada y la sociedad en general”, enfatizó.
Señaló que estos encuentros de trabajo abren la oportunidad de cambiar las acciones de transparencia y de combate a la corrupción con resultados positivos en beneficio de la sociedad, de transformar el trabajo coordinado entre dependencias y los tres poderes de gobierno.
En su intervención, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez enfatizó ante los contralores del país, que las reformas constitucionales son una gran oportunidad y “probablemente la última que tengamos en México para reivindicar la ética pública y demostrar que la honradez y la honestidad son los ejes reales que guían la correcta disposición de los recursos públicos”, en favor de la obra y la infraestructura de los programas sociales y de la relación del sector público con la sociedad.
El evento fue inaugurado por el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello y tuvo el objetivo de conocer la agenda común en base a 10 puntos, como conocer las estrategias desde el Sistema Nacional Anticorrupción, impulsar las declaraciones de conflicto de interés como parte de la ética de los servidores públicos y reflexionar el establecimiento de las reglas de contacto entre los sectores público y privado en las contrataciones públicas.
Otro de los objetivos es establecer listados de funcionarios que participan en contrataciones públicas, de proveedores incluidos en dichos procesos, evolucionar los códigos de ética hacia reglas de integridad para establecer los comportamientos de los servidores públicos en materia del uso de recursos de relación con el sector privado y de desempeño de su vida cotidiana dentro de la administración, entre otros.
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