Debe relanzarse el Pacto por la Seguridad que propuso el gobernador hace ya un año

- Pero hay que darle puntual seguimiento, señala.

Fernando Polanco Ochoa/IRZA

Chilpancingo, Gro., octubre 31 del 2018 (IRZA).- El diputado Arturo Martínez Núñez, de Morena, propuso el relanzamiento del Pacto por la Seguridad pero con responsables visibles y plazos precisos para garantizar resultados.

Sobre la crisis de violencia e inseguridad que se vive en Acapulco, el legislador reconoció que han sido “días muy complicados” para el puerto y confió en que la suma de los tres niveles de gobierno resolverá este flagelo.
“Creo que es grave y estoy seguro que se resolverá a la brevedad y de manera coordinada con el gobierno federal entrante”, expuso, aunque matizó que este problema de la violencia en Acapulco no es exclusivo de la alcaldesa Adela Román Ocampo.
“Es una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años y desde luego que es preocupante”, indicó.
“Se fueron (los alcaldes) que se fueron hace menos de un mes y ya estamos sobre los nuevos diciendo: ‘oye Adela, oye Toño Gaspar’, y luego se va a ir el gobernador Astudillo dentro de 3 años y vamos a decir: ‘Astudillo no hizo nada’; es un enfoque equivocado, hay muchas cosas que podemos hacer como gobierno”, comentó.
En ese contexto el legislador de Morena propuso relanzar el Pacto por la Seguridad que puso en marcha el gobernador Héctor Astudillo Flores después de su segundo informe de labores del 2017.
De acuerdo con el legislador morenista, ese nuevo pacto debe partir de un “diagnóstico preciso” que determine e ilustre con claridad los ámbitos de responsabilidad y obligación de cada nivel de gobierno, pero también de los sectores políticos, sociales y productivos.
El Congreso, ejemplificó, debe cumplir con la aprobación del marco normativo indispensable en materia de seguridad pública y procuración de justicia, para lo cual deberá establecer un plazo de cumplimiento.
Para que entonces también se establezca lo que le corresponde al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos, como el equipamiento y certificación de sus cuerpos policiacos, entre otras acciones.
“Si al Ayuntamiento X le llegan 10 millones de pesos de Fortamun o Fortaseg y en lugar de usarlos para equipar a su policía, y el alcalde lo usa para comprarse una camionetota o a la presidenta del DIF que también se han dado casos, es un acto de corrupción y repercute en el tema de seguridad”, expuso.
El mismo diagnostico deberá determinar, dijo, que le corresponde a la sociedad, a las cámaras empresariales e incluso a los medios de comunicación como el hecho “de no hacer apología de la violencia”.
Consideró que en este nuevo pacto deben participar también la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRo), el Consejo Interreligioso, entre otros: “el propósito es dividirnos la tarea con pleno respeto de facultades que cada uno tiene y asumir compromisos de cara a ciudadanía”.
Martínez Núñez comentó que a este pacto se le debe dar seguimiento y evaluación por lo menos cada dos meses para determinar el cumplimiento de metas y objetivos de sus participantes “porque si no, sólo nos vamos a estar echando la bolita eternamente”.