Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro., diciembre 10 de 2018 (IRZA).- El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, consideró que no hay garantías para que en el corto plazo regresen a sus hogares las familias de la sierra de Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, que se encuentran refugiadas en Chichihualco, cabecera municipal de Leobardo Bravo.
Luego de encabezar la conmemoración del LXX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, dijo que 121 familias aún están refugiadas en el auditorio de Chichihualco.
Cabe mencionar que decenas de familias huyeron de sus hogares hacia Chichihualco, luego de la irrupción violenta en la sierra de Tlacotepec de unos 2 mil civiles armados, quienes se autodenominaron policías comunitarios.
En entrevista después del evento efectuado en las instalaciones de la Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH), Salazar aseguró que el gobierno de Héctor Astudillo está proporcionando “el apoyo humanitario que establece el protocolo”.
Precisó que esta atención también es para las familias que decidieron quedarse en sus comunidades y que enfrentan condiciones de pobreza extrema debido a la confrontación que hay entre los grupos armados.
Resaltó la colaboración que mantienen con los alcaldes de Heliodoro Castillo, Serafín Hernández Landa, y de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán, para “organizar un retorno pacífico y ordenado” de las víctimas de desplazamiento forzado.
No obstante, el funcionario reconoció que “no hay condiciones” para el regreso de las familias que están refugiadas en Chichihualco, porque el grupo armado de Tlacotepec que irrumpió en las comunidades de la sierra de Leonardo Bravo siempre encuentra “diferentes motivos o pretextos” para frenar las negociaciones, cada que existe un pequeño avance.
Aceptó también que las negociaciones “se han retrasado” porque el gobierno del estado “ha hecho de todo para evitar la confrontación” entre los civiles armados y los cuerpos de seguridad.
Confió en que los grupos armados “hagan conciencia” en que “está de por medio de la actividad económica, el patrimonio y el bienestar de muchas familias” y que los alcaldes de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo “hagan un esfuerzo”, para lograr el retorno de los desplazados.
No se persigue a nadie por sus ideas
Durante su mensaje, Salazar Adame aseguró que “este gobierno no persigue a nadie por sus ideas”, y resaltó el respeto a la actividad de periodistas y defensores de derechos humanos.
Cabe mencionar que el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, reveló que ha sido denunciado ante la Secretaría de Gobernación por líderes comunitarios de Tlacotepec, por sus declaraciones respecto a la violencia que prevalece en la sierra de Guerrero.
Salazar Adame indicó que la SGG envió “testigos impresos en medios de comunicación correspondientes a la declaración de algunos grupos que lo señalaban (a Salvador Rangel), de participar de manera parcial”.
Sin embargo, insistió en que el gobierno de Guerrero “no persigue a nadie y no acusamos a nadie”, porque indicó que para eso está la Fiscalía General del Estado y otras instancias que se encargan de vigilar e invitar probables delitos.
Cabe mencionar que en este evento, Ramón Navarrete también advirtió su rechazo a la desaparición del ombudsman federal, y en consecuencia los estatales, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la Comisión del Defensor del Pueblo que desplazaría a las comisiones de derechos humanos.
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