Contraloría estatal investigará desaparición de vehículos durante periodo del alcalde MAL

Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro., diciembre 10 del 2018 (IRZA).- La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental investigará por qué el ex alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, no documentó la ausencia de vehículos oficiales cuando asumió funciones en septiembre del 2015.

“Debió haberlo aclarado en su momento cuándo recibió (la administración)”, dijo Eduardo Loria Casanova, titular de la dependencia estatal, quien consideró que ex alcalde debió levantar un acta al respecto para deslindarse de responsabilidades.
El viernes 30 de noviembre, Francisco Javier Ríos Martínez, contralor del Ayuntamiento de Chilpancingo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la ausencia de 32 vehículos oficiales.
Dijo que la administración de Leyva Mena no reportó la entrega de los vehículos, la mayoría de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ni dejó documentos que sustentaran su compra, resguardo o destino.
Loria Casanova dijo al respecto que, al tratarse de bienes materiales públicos, cada vehículo debe tener un acta de resguardo firmada por el funcionario a quien se le asignó el o los vehículos.
“Seguramente el órgano de control (la Contraloría del Ayuntamiento) pedirá esa información para saber dónde están esos vehículos, a no ser que estuvieran todos al resguardo del (ex) presidente (municipal)”, expuso.
Reciben 82 solicitudes de aclaración
Respecto al proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales, el secretario de la Contraloría reportó 82 solicitudes de aclaración porque algunos ayuntamientos las presentaron por área.
Indicó que se realizarán reuniones de aclaración entre las autoridades salientes y entrantes y en caso de persistir las observaciones establecerán un plazo para que las ex autoridades las solventen.
Pero si transcurre ese plazo y no aclaran tales irregularidades, entonces “se inicia una investigación y procedimiento de administración”, e incluso “si detectamos desvíos y daño económico patrimonial, daríamos parte a la Fiscalía Anticorrupción”.
Eduardo Loria indicó que, en comparación con otros años, en este proceso de entrega-recepción disminuyó la cantidad de solicitudes de aclaración, lo cual es un relejo de que hay más “conciencia” entre las autoridades.
“Parece que la cifra es algo normal y veremos en qué deriva después de los procesos de investigación”, indicó, y anunció que entre enero y febrero ya estarían listos los resultados y quizá hasta los procesos administrativos y penales, si fuera el caso.

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