*Plantean diputados en el Congreso local.
Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro., septiembre 05 del 2019 (IRZA).- La Mesa Directiva envío a comisiones el exhorto propuesto por diputados Morena, en el que piden al gobierno federal que investigue el presunto “quebranto financiero y desorden administrativo” en el sistema educativo de Guerrero y en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), herencia que data desde el gobierno que encabezó René Juárez Cisneros.
El exhorto propuesto por Mariana García Guillén, Norma Otilia Hernández Martínez y Luis Enrique Ríos Martínez, está dirigido a tres secretarías: de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de la Función Pública. La titular de esta última es la guerrerense Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
De acuerdo con la propuesta leída en tribuna por Ríos Saucedo durante la sesión ordinaria de este jueves, se les pide que investiguen el presunto “quebranto financiero y el desorden administrativo” en el sistema educativo de Guerrero.
Pero también en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a partir de los años 1999 a 2019.
El punto de acuerdo también incluye a los secretarios de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, y de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, del gobierno estatal, para que implementen una revisión al presunto “quebranto financiero y el desorden administrativo” en sistema educativo.
“O en su caso la realización de una auditoría a los recursos económicos destinados al sistema educativo del Estado de Guerrero y al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a partir de los años 1999 a 2019”.
Cabe recordar que el gobernador Héctor Astudillo Flores ha expresado que hay dificultades financieras para pagarle a los más de 5 mil trabajadores fuera de FONE a partir de la primera quincena de este mes.
La razón, explicó, es porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le ha reembolsado los 300 millones de pesos que destinó del presupuesto estatal para cubrir el salario de estos trabajadores durante los últimos cuatro meses.
Los diputados morenistas señalan en el punto de acuerdo que este “desorden administrativo” tiene su origen en el gobierno del priista René Juárez Cisneros (1999-2005) al cual, acusaron, “se caracterizó presuntamente por la irresponsabilidad en el manejo y control de las finanzas públicas, y por presuntos actos de corrupción, por prácticas de nepotismo, cohecho, influyentismo y opacidad para favorecer con plazas o ascensos dentro del sector educativo de Guerrero”.
Señalaron que esas “malas prácticas” derivaron en 7 mil 418 plazas y 25 mil 529 horas sin techo presupuestal, “lo que puso y mantiene ahora en situación de precariedad financiera al gobierno de Guerrero”.
Recordaron también que al final de la administración del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, en julio del 2011, “una auditoría federal arrojó faltantes por ocho mil 200 millones de pesos, sólo en el sector educación y salud, y la autorización de otras tres mil plazas para maestros sin techo financiero, según lo declaró el propio titular de la Contraloría de ese gobierno, que sumadas a las siete mil 448 plazas que dejó el gobierno de René Juárez, éstas incrementaron a más de diez mil cuatrocientas plazas sin referencia o techo presupuestal, agravando la situación financiera, laboral y de salarios”.
El gobierno del exgobernador sustituto Rogelio Ortega Martínez, añadieron, manifestó que con la entrada en vigor del FONE en 2014, al menos 12 mil 326 plazas no fueron reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “por lo que se cubrieron con fondos estatales de enero a marzo de 2015, lo que por su magnitud financiera no podría hacerlo subsecuentemente, lo que hoy está sucediendo”.
Al respecto, la administración del gobernador Héctor Astudillo redujo a 5 mil 700 las plazas fuera de FONE, aproximadamente. Sin embargo, los diputados morenistas coincidieron en que es necesario y urgente investigar el origen del “desorden administrativo y quebranto financiero” del sector educativo de Guerrero. Cabe precisar que, a petición de los legisladores promoventes, el punto de acuerdo fue turnado a comisiones
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