El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, por 466 votos, reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de crear el Sistema Único de Carpetas de Investigación.
El dictamen, que se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que dentro de las obligaciones del Ministerio Público y de la policía están registrar en el Sistema Único de Carpetas de Investigación todas las actuaciones que realicen durante la investigación de los delitos.
Cita que cada Fiscalía contará con un sistema informático propio, denominado Sistema Único de Carpetas de Investigación, que permita registrar todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de delitos, bajo una carpeta digital.
También, conocer las disposiciones normativas aplicables al caso concreto, identificar la etapa del procedimiento en la que se encuentra y las actuaciones necesarias para finalizarla e iniciar la etapa subsecuente, así como saber los requisitos y plazos que debe cumplir para solicitar actos o medidas que requieran control judicial.
Describe en el glosario los conceptos de Fiscalía y de la persona titular de la Fiscalía. Asimismo, plantea que cada Fiscalía tendrá a su cargo la seguridad y el resguardo de la información que contenga su Sistema.
Señala que el Órgano Interno de Control, o su equivalente, tendrá acceso a la información que contenga el Sistema. Cuando advierta actos, hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas, dará inicio a la investigación administrativa respectiva. Para el caso en que pudiera estarse ante la probable comisión de delito, deberá presentar la denuncia correspondiente a la Fiscalía de Asuntos Internos o su equivalente.
Propone que las Fiscalías podrán determinar el otorgamiento de estímulos y reconocimientos derivados de los resultados en la evaluación.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Guillermo Octavio Huerta Ling (PAN) consideró necesario establecer el uso de un sistema como parte de las obligaciones del Ministerio Público, con el fin de que mejoren la investigación y procuración de los delitos.
Afirmó que se debe legislar con visión integral para garantizar el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos y posibilitar el actuar de las autoridades. “Es indispensable adecuar el marco normativo a la realidad que atraviesan las entidades federativas en la lucha por la procuración de justicia”.
Refirió que el uso del Sistema Único de Carpetas de Investigación debe ser un apoyo para la tarea de los ministerios públicos, por lo que no debe convertirse en un instrumento para sancionar a los servidores públicos.
Las y los legisladores rechazaron la reserva del diputado Manuel Jesús Herrera Vega (MC) quien planteó garantizar en el PEF 2023 la asignación presupuestaria suficiente para implementar y administrar dicho Sistema. Con 449 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones se aprobaron los artículos reservados en términos del dictamen.
Derecho a la justicia es un reclamo social
Al fijar su postura, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), expuso que el derecho a la justicia es un reclamo social y algunos de los factores que impiden el acceso a ella son las deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, por las excesivas cargas de trabajo, la inadecuada aplicación de la norma para el desahogo de las diligencias y el levantamiento inadecuado de las pruebas, lo que favorece la impunidad.
Destacó que en 2021, de acuerdo con el INEGI, 93.2 por ciento de los delitos que ocurrieron a nivel nacional no fueron denunciados o investigados debidamente, lo que significa que sólo uno de cada diez fue denunciado, investigado y eventualmente sancionado al responsable.
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