Asimismo, el senador guerrerense solicitó en el mismo documento, que la Comisión Permanente pida a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Economía, un estudio nacional donde se identifiquen zonas de riesgo o conflicto entre concesionarias y pueblos. Lo anterior con el objetivo de incorporar dicho diagnóstico a los trabajos de reformarla ley actual.
El senador Armando Ríos Piter informó que esa información servirá de plataforma para establecer derechos de consulta y defensa de las comunidades indígenas y ejidales en materia de concesiones mineras.
Este Punto de Acuerdo, fue turnado a la Tercera Comisión de la Permanente: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y discusión, hoy miércoles. Cita como antecedente que las comunidades de ese municipio no están de acuerdo con la explotación de las minas, ya que la actividad minera no representa beneficio alguno para la localidad, por el contrario, existe devastación ambiental y posibles impactos a la salud.
El documento también señala que la operación de las empresas mineras en su territorio, representan una violación de sus derechos, ya que no hubo ningún proceso de consulta por autoridades gubernamentales.
Ante esta situación, el también Secretario de la Comisión Comercio y Fomento Industrial, subraya que es necesario que el Estado Mexicano establezca en las leyes reglamentarias,la salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas, tal como está planteado en su iniciativa de Ley Federal de Minas que presentó el pasado 29 de abril.
En esa iniciativa, se establece la obligación del Estado para consultar a los pueblos y comunidades indígenas y determinar el consentimiento de las concesiones mineras, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además de que los ejidos, pueblos o comunidades indígenas tendrán derecho preferente para obtener la concesión.
La misma iniciativa, plantea que el Estado podrá establecer zonas reservadas por razones de seguridad nacional, cultural, respeto a usos y costumbres de pueblos originarios, incluidas las reservas ecológicas, zonas turísticas y reservas estratégicas de agua potable.
En referencia, se cita que en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, a nivel internacional está sustentando por el Derecho a la consulta reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Tabajo (OIT), en el Artículo 6.
En México, el derecho a la consulta se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 2, Apartado B, Fracción IX, el cual establece que el gobierno debe “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”.
El Punto de Acuerdo, también especifica que yacimientos de oro, plata, zinc y otros metales fueron descubiertos, cuya exploración de la región fue sin permiso de indígenas mixtecos y tlapanecos, en un área de 500 kilómetros cuadrados por las empresas de capital extranjero en los municipios de San Luis Acatlán, Metlatónoc, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Acatepec y Zapotitlán Tablas, donde persisten al menos 27 conflictos agrarios, además de altos niveles de pobreza, analfabetismo, insalubridad, desempleo y migración.
El senador Armando Ríos Piter, reiteró que es necesario que los legisladores trabajen en mejores leyes para que no existan abusos de las empresas mineras sobre las comunidades, se proteja el medio ambiente y los derechos de los trabajadores. De ahí la importancia de transformar las leyes actuales.
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