*Va a la alza muerte de quelonios en esta zona y Profepa y Semarnat hacen oídos sordos
Coyuca de Benítez, Gro., 05 de octubre 2015 (CA).- La muerte de cientos de tortugas marinas en playa Azul y Carrizal son responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del gobierno estatal, señalaron habitantes del lugar quienes lamentaron que estas dependencias hayan retirado la licencia al campamento tortuguero “Nautilus” que se encargaba de preservar esta especie.
Pese a que se ha hecho público en distintos medios de comunicación la depredación de tortugas en este litoral a raíz del retiro de licencias de manejo, los representantes de la Profepa y Semarnat Guerrero “se hacen de los oídos sordos” y dejan entrever su supuesta intención por preservar el medio ambiente, de acuerdo con los lugareños, este mes es cuando se da una mayor arribazón y anidación de tortugas de la especie golfína principalmente, las cuales son depredadas sin control.
En el litoral que comprende playa Azul y Carrizal se encontraba el campamento tortuguero “Nautilus”, en el que el encargado y sus voluntarios comprometidos con el medio ambiente se avocaban a preservar esta especie en peligro de extinción, hasta que la Profepa y Semarnat retiraron las licencias de funcionamiento, no obstante, levantaron una acta administrativa al presidente del campamento, Manuel Salvador Gómez Galeana.
En entrevista vía telefónica, Gómez Galeana, declaró que las autoridades encargadas de proteger el ecosistema establecieron la nueva norma 162 que está basada en conocimientos teóricos que no benefician en nada a las tortugas, dijo que no contemplaron conocimientos de campo como los voluntarios de los campamentos tortugueros, y que además, no los tomaron en cuenta para dicha norma.
Añadió que la Profepa y Semarnat pretenden cobrar a los campamentos tortugueros mil 360 pesos cada trimestre por el espacio del corral de incubación que ocupen en la franja de arena, lo que al año daría una cifra superior a los 5 mil pesos, y agregando los gastos de operatividad para el funcionamiento del campamento, habló de un gasto anual de 40 mil pesos aproximadamente, dinero que absorberían con recursos propios.
El ambientalista fue reiterativo en advertir que la depredación de quelonios va a ir en incremento si los representantes de la Profepa y Semarnat no atienden dicha problemática, aseguró que durante su intervención como campamento tortuguero nunca había existido este alarmante número de quelonios muertos, por ello hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que regresen las licencias al campamento “Nautilus” y de ese modo se frene la mortandad.
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