PACATA MINUTA

NARCO ETERNIZADO POR INTOCABLE RUTA DEL DINERO

Rogelio Gómez Mejía.

“Al buen entendedor, pocas palabras…

Perdida ya toda proporción guardada para determinar el estado real de la seguridad en el país ante la brutalidad de una guerra fratricida de facto con la total pérdida de las garantías individuales y los derechos humanos que tienen a la ciudadanía en un hito, sólo resta esperar que el sentido común y la sociedad civil se impongan para obligar al gobierno en funciones a rectificar, así sea por el poco tiempo que le queda, su bélica estrategia política, o que el estado determine, en apego a la legalidad, medidas extremas para acabar con las sangrientas acciones que tienen en un puño a la nación entera.

Ya nos han impactado atinadas denuncias de voces autorizadas y sensatas, extranjeras y del país con sólidos argumentos y fundadas acciones al amparo de la ley, llamando al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a deponer las armas para buscar la aplicación de la justicia por el camino de la legalidad y la inteligencia, tal como lo expuso recientemente el ex -presidente de Colombia, César Gaviria Trujillo quien se lanzó abiertamente contra la inmovilidad de los poderes del país y de la clase política, en el Foro “Economist Conference” donde estuvo Marisela Morales de la PGR entre otros altos funcionarios con señalamientos irrefutables para enfrentar verdaderamente el conflicto del narcotráfico, por el evidente desinterés mostrado.
Apuntó sin ambages que sin la aplicación de la justicia el narcotráfico se eternizará en México, pues es evidente que “la corrupción llegó a la policía y la justicia no ha sido capaz de responder a su compromiso, y si los narcotraficantes no temen a la justicia, no se van a acabar”. Concluyo indicando que “cuál es el fin de ir por los recursos del narco hasta después de condenarlos, cuando se les deben quitar si no demuestran cómo los “compran” (adquieren). Es decir, enfrentar fiscalmente por ejemplo, la fortuna de mil millones de dólares que la Revista “Fortuna” le atribuye a Joaquín (“el chapo”) Guzmán Loera, como en el siglo pasado hizo el Fisco de Estados Unidos para acabar con Al Capone, con jueces asegurados y testimonios secretos.
Incluso observó que los diputados aprobaron mal la ley contra el lavado de dinero al determinar quitar los bienes y riquezas del narco después de condenarlos, cuando primero deberían proceder sobre sus finanzas y cuentas bancarias, pues confiscar esas riquezas inexplicables es primordial para proceder contra verdaderos responsables como en Colombia, donde la quinta parte de diputados han parado en la cárcel por cooperar con paramilitares y narcos. “Aquí, apuntó, se va contra los policías, cuando la corrupción está en la política y en la justicia”. Al respecto es de recordarse que el Código Civil Federal persigue el enriquecimiento ilegítimo en los artículos 1882 y 1883 y también en los estados sin que se tengan noticias de aplicación alguna.
Por si fuera poco, estudiosos mexicanos, investigadores, abogados y organizaciones ciudadanas presentaran formal demanda ante la Corte Internacional Penal (CIP) de La Haya contra Felipe Calderón Hinojosa y a Joaquín “el chapo” Guzmán Loera entre otros, por crímenes de guerra y de lesa humanidad por las 50 mil muertes, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 adolescentes y niños asesinados en los enfrentamientos contra narcos, así como contra Ministros, militares y autoridades judiciales y civiles por los daños ocasionados a la sociedad y a sus derechos humanos, ante el Ministro de esa institución, Luis Moroso Ocampo, para el 25 de mayo del 2012 con 20 mil firmas de ciudadanos, según expresaron el abogado Netzal Sandoval Ballesteros, el Investigador de la UNAM, Jhon Ackerman y el productor Epigmenio Ibarra.
Dijo el primero de éstos que anteriormente demandaron sobre el tema una investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar la responsabilidad de estos crímenes durante el gobierno de Felipe Calderón, así como la decisión de mantener tropas militares en las calles del país y precisar de quien es la responsabilidad del encubrimiento y protección de sicarios, policías y soldados que han victimado a la población civil y en particular a grupos vulnerables, mujeres y migrantes y “nunca hubo respuesta”. Otra muestra patética más reciente son las tres balaceras registradas en Saltillo, Coahuila, donde el alcalde de la ciudad Jericó Abramo Masso decretó un emergente toque de queda alertando a la población con la aplicación de un “código rojo” para que nadie saliera de su domicilio y las escuelas se cerraron, cuando el ejército, la marina y las policías federal y del estado ocuparon las calles en nutridas balaceras contra supuestos sicarios de lo que resultó un taxista muerto, 5 civiles lesionados y tres policías, más miles de ciudadanos aterrorizados por todos los puntos de esa capital…Qué más puede pasar!!
BALA PERDIDA
Y así las cosas todavía en arrojado y fílmico desplante el secretario de Seguridad, Genaro García Luna dijo ante los diputados de la Comisión respectiva “estar dispuesto a asumir el costo de la violencia” en temerario deslinde de responsabilidad de su protector y mecenas Felipe Calderón Hinojosa, quien con esto seguramente no tendrá necesidad de salir con otra faramalla como la de Gustavo Díaz Ordaz cuando su masacre del 2 de Octubre –qué tan mal parado dejo al ejército-, quien dijo en su último informe “asumo la responsabilidad histórica”, como si hubiera algún otro directamente responsable de tanta irresponsabilidad…En fin!