OPINION

Por Manuel Tello Zapata

SIEMPRE NO SON

Las investigaciones en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que se encuentran en calidad de desaparecidos, dieron un importante vuelco ayer, cuando el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que los 28 cuerpos encontrados en las primeras narco fosas, no corresponden a ninguno de los jóvenes que presuntamente fueron desaparecidos por elementos de la policía municipal de Iguala; hoy se sabe que también participaron elementos de Cocula que ya están detenidos.

Tenía razón el Gobernador Ángel Aguirre Rivero cuando aseguró que algunos de esos cuerpos no correspondían a los desaparecidos  de Ayotzinapa. Pero se quedó corto, porque gracias a dios ninguno es de ellos. Esto desde luego es una buena noticia; porque se incrementan las esperanzas de que los desaparecidos se encuentren aún con vida y hayan sido recluidos en alguna casa de seguridad de la delincuencia organizada. 

Aguirre Rivero ha mantenido su campaña para localizar a los jóvenes y a través de diversos medios se solicita el apoyo de la  población para encontrarlos. Todo indica que es un hecho considerar que están vivitos y coleando, lo que será una gran noticia para los familiares de estos jóvenes, para todo el país y para el mundo entero.

Es necesario que el Procurador Murillo Karam, deje de estar contradiciendo al Gobernador del Estado y siga trabajando a cien kilómetros por hora en el esclarecimiento de estos hechos. Porque ahora la responsabilidad de encontrar a los responsables es del gobierno federal y si se prolonga más tiempo la investigación, el Presidente Peña Nieto pagará un alto precio ante la opinión pública internacional.

Resulta importante la declaración que vertió ayer el Presidente en la asamblea general del IMSS, cuando afirmó que el caso Iguala obliga a fortalecer a las  instituciones de seguridad para evitar que  se repitan hechos violentos como el señalado. La pregunta sería: ¿Hasta ahora señor Peña Nieto? Muchos especialistas han afirmado desde hace tiempo que el Estado de Guerrero merecía una atención personal en materia de seguridad pública, como sucedió en Michoacán y el Estado de México.

La indolencia del Gobierno federal para cumplir con su responsabilidad constitucional de combatir a la delincuencia organizada (la PGR trabaja aquí con no más de 25 elementos, da risa), permitió que en Guerrero estos grupos crecieran a sus anchas y crearan un imperio de terror que ha dejado centenares de muertos en los últimos ocho años. Como sucede en todos los Estados del país, los gobiernos municipales y el estatal fueron rebasados por la potencia de estos grupos; no tuvieron la fuerza suficiente ni los recursos para enfrentar a esta plaga, ni les corresponde combatirlos; porque su responsabilidad es el fuero común.

Es necesario que el Gobierno federal ahora si se ponga las pilas, repetimos. No basta que se aclare la masacre de Iguala, que se capture a los responsables y se les castigue. Es necesario que se integre un operativo especial como el de Michoacán o Tamaulipas, aunque se nombre a un Comisionado especial cuya única función será el combate a la delincuencia organizada y esperamos que lo haga bien. La ingobernabilidad que muchos afirman existe en nuestra sufrida entidad, no es culpa de los gobiernos estatal y de los municipios, sino del Gobierno federal.

AYOTZINAPA, UNA REFLEXIÓN

A la diatriba y el vandalismo, que para no variar siguen practicando en Chilpancingo los anarquistas de Ayotzinapa y de la CETEG, el Gobierno del Estado y el del municipio, han respondido con un amplio llamado a estos grupos para que desistan de seguir haciendo víctima de sus instintos a la ciudad y mantener el diálogo, que pueda llevar a construir los acuerdos necesarios para resolver la actual crisis política que atravesamos. 

En Chilpancingo la población está harta de que estos anarquistas destruyan edificios que no son propiedad del Gobernador, sino del pueblo; que ejerzan una violencia extrema contra los mismos policías antimotines como sucedió en la ciudad de México, donde tuvieron que aumentar la pena contra este tipo de agresiones. Si los Ayotzinapos y Cetegistas continúan aplicando la violencia delictiva en su movilización, van a perder el apoyo que estaban recibiendo luego de lo ocurrido en Iguala.

La gravedad de tan lamentables hechos ha logrado que en el análisis de estos, los observadores omitan la responsabilidad que tienen también los dirigentes de Ayotzinapa, que envían como carne de cañón a los chamacos de primer semestre a secuestrar autobuses, bajando por la fuerza a los pasajeros e inclusive robando pertenencias de estos. Eso se debe de terminar porque una institución educativa no debe desviarse de sus objetivos, que en el caso de Ayotzinapa es la de formar Licenciados en Educación, no Licenciados en subversión.

El Gobernador Aguirre Rivero le ha brindado un gran apoyo a la Escuela Normal de Ayotzinapa. Tan es así que los últimos alumnos que egresaron, invitaron a la Secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, para que apadrinara su generación. Sin embargo, en esa escuela no tienen “llenadero” sus líderes, que bajo el pretexto de la educación esconden otros objetivos que buscan desestabilizar al sistema con fines oscuros.

Aguirre Rivero no es un represor y eso lo sabe todo el pueblo que gobierna. Quienes han violentado a la ley, purgan el castigo al que se hicieron acreedores por sus conductas ilícitas. Pero su tolerancia hacia los grupos disruptores ha sido extrema. Sin embargo, el pueblo se está cansando de la impunidad con que actúan los anarquistas, por lo que están dispuestos a exigirle al Gobernador… que ya los meta al orden.